Anulación de un cobro asociado a una licencia urbanística sin fundamento legal
El equipo Tributario PGP obtuvo una decisión favorable, hoy ejecutoriada, en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con un cobro efectuado por el Municipio de Madrid, Cundinamarca, a una empresa del sector construcción. La sentencia ordenó la devolución de $635.732.650, más los intereses corrientes y moratorios correspondientes.
El origen de la controversia: un cobro adicional por licencia
La controversia surgió a partir de los valores exigidos para un proyecto inmobiliario en Madrid. Además del impuesto de delineación urbana, por $395.219.300, el Municipio efectuó un cobro adicional de $635.732.650 por concepto de “licencia”, con fundamento en los artículos 352 y siguientes del Acuerdo Municipal 018 de 2016.
La estrategia jurídica se concentró en demostrar que este segundo cobro carecía de un fundamento legal autónomo. Mientras el impuesto de delineación urbana contaba con una regulación diferenciada dentro del Estatuto de Rentas Municipal, el cobro por licencia se sustentaba en disposiciones relacionadas con el régimen de licenciamiento urbanístico. La demanda planteó, entre otros aspectos, la falta de habilitación legal del cobro, la configuración de un pago de lo no debido y la procedencia de su devolución.
El Tribunal acogió la tesis sobre la falta de sustento legal del cobro
Al resolver el caso, el Tribunal diferenció el impuesto de delineación urbana del valor adicional cobrado por la licencia. Determinó que la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1469 de 2010, posteriormente compilado en el Decreto 1077 de 2015, no creaban ni autorizaban expresamente un tributo autónomo por la solicitud, estudio, aprobación o expedición de licencias urbanísticas.
Con fundamento en el artículo 148 del CPACA, el Tribunal inaplicó, para el caso concreto, los artículos 352 a 363 del Acuerdo Municipal 018 de 2016. La Sala concluyó que, una vez retirado ese fundamento normativo para efectos del proceso, no subsistía una causa jurídica autónoma que permitiera al Municipio conservar los $635.732.650 pagados por concepto de licencia
Como consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el Municipio había negado la devolución y ordenó restituir a la sociedad los $635.732.650, junto con los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario. Además, condenó al Municipio al pago de agencias en derecho por seis salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El caso refleja la relevancia de revisar materialmente los conceptos exigidos por las entidades territoriales en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de construcción. La denominación asignada a un cobro no sustituye la necesidad de identificar su fundamento legal, sus elementos y la competencia de la entidad territorial para exigirlo.
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