Defensa de un patrimonio autónomo ante un proceso sancionatorio ambiental

Una fiduciaria, actuando como vocera de un patrimonio autónomo para el desarrollo de un parque industrial, enfrentaba un proceso sancionatorio ambiental y una medida preventiva impuestos por la CAR. La autoridad investigaba presuntas intervenciones irregulares por movimientos de tierra en una ronda hídrica, así como el aprovechamiento forestal sin los permisos ambientales correspondientes. Esta situación generaba un riesgo económico para los activos del fideicomiso y la posible creación de antecedentes corporativos negativos.

Frente a estos hechos, el Equipo Ambiental PGP logró la cesación del proceso sancionatorio. La estrategia se basó en los siguientes fundamentos jurídicos:

Ausencia de imputabilidad material

La defensa técnica atacó la base de la responsabilidad administrativa. Se demostró que las alteraciones físicas sobre el terreno no eran atribuibles a la fiduciaria en su rol de vocera, ya que las intervenciones fueron ejecutadas por terceros.

Con esta separación de roles sustentada jurídicamente, se solicitó la cesación del procedimiento. La autoridad ambiental aceptó el planteamiento al constatar que faltaba el elemento de imputabilidad material para continuar con la investigación. Esto condujo a la aplicación de la causal de terminación prevista en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, desarticulando la investigación desde sus fundamentos.

Impacto operativo y financiero para el proyecto

• Levantamiento de la medida preventiva impuesta inicialmente por la autoridad ambiental.
• Declaratoria de cesación del proceso sancionatorio.
• Eliminación del riesgo de multas y otras medidas administrativas que pudieren impactar los activos del patrimonio autónomo.
• Protección del historial regulatorio del proyecto, evitando la imposición de antecedentes ambientales desfavorables.

La resolución de este expediente traza una línea sobre los límites normativos para cualquier entidad fiduciaria que administre proyectos de infraestructura. Cuando las autoridades ambientales intentan atribuir responsabilidad por daños ecológicos, la administración de patrimonios autónomos exige un análisis exacto sobre la autoría material de las obras. Mantener la separación técnica entre la vocería legal de los activos y la ejecución operativa de un proyecto reduce la exposición al riesgo.