El Decreto 0766 de 2026 (RESPEL) modifica y adiciona el Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 para actualizar el régimen aplicable a la gestión integral de residuos peligrosos. La norma redefine conceptos, fortalece las obligaciones de los actores de la cadena, establece requisitos técnicos para el almacenamiento interno, regula el contenido y cargue de los planes y certificaciones de gestión, desarrolla la Responsabilidad Extendida del Productor – REP, e introduce un procedimiento para reconocer residuos peligrosos como subproductos en proyectos de simbiosis industrial.

La actualización busca reforzar la prevención y reducción de la generación, la trazabilidad, el aprovechamiento y la eliminación ambientalmente adecuada de estos residuos. También armoniza la regulación nacional con el Convenio de Basilea, incorpora reglas específicas para corrientes prioritarias y amplía las herramientas de información y seguimiento mediante el Registro Único Ambiental – RUA.

Principales cambios introducidos por el Decreto 0766 de 2026

El Decreto introduce una reforma amplia al régimen de residuos peligrosos. Sus aspectos de mayor impacto práctico son los siguientes:

1. Nuevas obligaciones para los generadores: deberán actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, realizar segregación y cuantificación, identificar características de peligrosidad, capacitar anualmente al personal, contar con plan de contingencia, conservar certificaciones por cinco años y contratar únicamente instalaciones licenciadas o autorizadas.
2. Cargue de información en el RUA: los sujetos obligados deberán cargar el plan de gestión y, desde 2027, las certificaciones correspondientes al período de balance, conforme a los plazos de la Resolución 0839 de 2023 o la norma que la sustituya.
3. Almacenamiento interno: se fija un término máximo de doce (12) meses, prorrogable en casos justificados, y se establecen requisitos mínimos de delimitación, protección, señalización, contención, compatibilidad química, control de derrames, registro y pesaje.
4. Certificaciones de gestión: los gestores deberán expedirlas electrónicamente, con medidas de seguridad, dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes al recibo; si existe retraso justificado, deberán emitir constancia y el plazo total no podrá superar ciento ochenta (180) días hábiles.
5. Responsabilidad Extendida del Productor: se regulan sistemas individuales y colectivos de recolección y gestión, con logística inversa, cobertura acorde con la comercialización, recepción sin costo para el consumidor, trazabilidad y seguimiento de la ANLA.
6. Simbiosis industrial: se crea una declaratoria voluntaria y gratuita para reconocer, caso por caso, un residuo peligroso como subproducto cuando pueda incorporarse a otro proceso productivo sin tratamiento distinto al acondicionamiento habitual ni impactos ambientales nuevos o adicionales.
7. Corrientes y prohibiciones específicas: se establecen reglas para aceites lubricantes usados, bolsas con función plaguicida, residuos contaminados con hidrocarburos, contaminantes orgánicos persistentes y mercurio; además, se amplía el catálogo de prohibiciones.

Régimen de transición y aplicación gradual

El Decreto no establece un régimen de transición único y general. Sin embargo, contiene disposiciones transitorias y fechas de aplicación diferida que deben considerarse en la planeación del cumplimiento. Los términos expresados en meses se cuentan desde la entrada en vigencia del Decreto.

Para gestionar la implementación y reducir riesgos de incumplimiento, se recomienda estructurar la ruta de acción en los siguientes cuatro bloques:

1. Diagnóstico de aplicabilidad y clasificación del establecimiento

El primer paso consiste en identificar el rol de cada establecimiento dentro de la cadena y las obligaciones que le corresponden:

• Generador: determinar la categoría aplicable con base en la media móvil de los últimos seis meses y establecer si existe obligación de inscripción y reporte en el RUA.
• Transportador: revisar el cumplimiento de la regulación de mercancías peligrosas y los mecanismos de trazabilidad de las entregas.
• Gestor: verificar el alcance de la licencia o autorización, las operaciones efectivamente autorizadas y el contenido de las certificaciones.
• Productor sujeto a REP: establecer si debe participar en un sistema individual o colectivo y revisar la reglamentación específica aplicable al producto.
• Proceso con potencial de simbiosis industrial: identificar residuos que puedan cumplir las cuatro condiciones exigidas para su reconocimiento como subproducto.

2. Revisión de brechas técnicas y documentales

Los equipos jurídicos, ambientales y operativos deberán comparar sus prácticas actuales con las nuevas exigencias. Como mínimo, se recomienda revisar:

• La identificación, clasificación y caracterización de cada corriente de residuo peligroso.
• El contenido del Plan de Gestión Integral conforme al Anexo V y su disponibilidad o cargue en el RUA.
• Las condiciones del sitio de almacenamiento y el control del término máximo de doce meses.
• El plan de contingencia, los soportes de capacitación y la dotación de elementos de protección personal.
• La trazabilidad de entregas, transportadores y gestores, incluida la vigencia y el alcance de sus licencias.
• El contenido, oportunidad, conservación y cargue de las certificaciones de gestión.
• Las medidas aplicables al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de instalaciones.
• La eventual aplicación de reglas especiales para aceites usados, plaguicidas, hidrocarburos, COP, mercurio o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Punto crítico: la adecuación no se limita al componente documental. El Decreto impone condiciones físicas y operativas verificables para el almacenamiento, la trazabilidad y la gestión externa. Para calcular las fechas exactas de vencimiento de los regímenes transitorios debe verificarse la publicación oficial en el Diario Oficial.

3. Adecuación operativa, contractual y de sistemas de información

La implementación de la norma puede requerir adecuaciones locativas, ajustes de procedimientos, actualización de contratos y fortalecimiento de herramientas de información. En consecuencia, se recomienda:

• Adecuar las áreas de almacenamiento dentro del término transitorio aplicable.
• Actualizar contratos con transportadores y gestores para incorporar obligaciones de trazabilidad, tiempos de certificación y entrega de soportes.
• Implementar alertas para controlar permanencia, vencimientos y certificaciones pendientes.
• Ajustar los sistemas internos para conservar documentación digital durante al menos cinco años y facilitar el cargue en el RUA.
• Asignar responsables para la actualización del plan, los reportes, la capacitación anual y la gestión de contingencias.
• Evaluar oportunidades de re-refinación de aceites usados, REP o declaratoria de subproducto cuando resulten técnica y jurídicamente viables.

4. Gestión del cumplimiento y matriz de riesgos regulatorios

La aplicación del Decreto 0766 de 2026 plantea los siguientes riesgos jurídicos y operativos:

• Riesgo sancionatorio: el incumplimiento puede dar lugar a medidas preventivas y sanciones conforme a la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024.
• Riesgo de gestión con terceros no autorizados: contratar instalaciones sin licencia o por fuera del alcance autorizado compromete la trazabilidad y el cumplimiento del generador.
• Riesgo documental y de reporte: la ausencia, desactualización o cargue tardío de planes y certificaciones puede generar hallazgos de seguimiento.
• Riesgo operativo: el almacenamiento superior a doce meses o el incumplimiento de condiciones técnicas puede producir afectaciones ambientales y medidas administrativas.
• Riesgo de clasificación: la falta de caracterización cuando exista duda sobre composición o peligrosidad puede conducir a manejo inadecuado del residuo.
• Riesgo contractual: los retrasos de los gestores en la expedición de certificaciones pueden afectar el reporte del generador si no se documentan correctamente.
• Riesgo reputacional y de trazabilidad: el abandono, quema, enterramiento, mezcla o entrega a actores informales se encuentra expresamente prohibido o restringido.

Adicionalmente, deberá monitorearse la expedición de la Circular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la declaratoria de subproductos, las reglamentaciones específicas anunciadas por el Decreto, las funcionalidades del RUA y las actualizaciones regulatorias sobre REP, aceites lubricantes usados, contaminantes orgánicos persistentes y demás corrientes prioritarias.