Los retos del covid-19, ¿quiénes ponen?

26/5/2020
Julián Rojas
Publicado en 
Asuntos Legales, La República

En 1995 Antanas Mockus, alcalde de Bogotá, propuso un sinnúmero de medidas tendientes a fortalecer la cultura ciudadana para la ciudad que, por diversa, terminara siendo de todos y de nadie; dentro de las iniciativas planteadas se encontraba el popular juego de la pirinola. Hoy, 25 años después, esta iniciativa toma relevancia ya no para una ciudad, sino para un país que está enfrentando uno de los más grandes retos de su historia reciente.

Como consecuencia del confinamiento que para algunos supera ya las ocho semanas, el Gobierno y el sector empresarial han adoptado iniciativas destinadas a “soportar” el choque inicial de haber congelado la economía; las medidas, entre las que se incluyen, subsidios a la nómina, préstamos, cambios en la política de aportes de pensiones, vigilancia especial por parte de los ministerios, vacaciones o licencias, tienen en su mayoría un factor común: la solidaridad, que en el juego de la pirinola se expresa en la cara del “todos ponen”.

Superado el primer embiste viene ahora una segunda fase en la que los mismos actores deben tomar medidas para, en primer lugar, hacer “control de daños” y, en segundo, fijar las condiciones que permitan volver a la senda del crecimiento; es en esta fase en donde enfrentamos el peligro más grande pues en ella se pondrá a prueba el “todos ponen” en contraposición al “solo algunos pierden” o el “sálvese quien pueda”.

Nos referimos en particular a propuestas impulsadas por algunos sectores que pretenden, bajo el eslogan de propender por la supervivencia de los entes económicos que los conforman, que el Estado entre a intervenir los contratos de arrendamiento; en efecto, y de acuerdo con lo explicado, se busca entonces que aquellos arrendatarios que sufran una reducción en sus ingresos por causa de la pandemia vean aliviadas sus condiciones no solo por efecto de renegociaciones (tema al que se hizo referencia el Decreto 579 de 2020), sino que, además, obtengan, con ocasión de decisiones del Gobierno Nacional, la posibilidad de dar por terminados los contratos existentes sin tener que asumir en su totalidad las consecuencias derivadas del incumplimiento o de la terminación anticipada de dichas relaciones contractuales.

Aunque la iniciativa a la que acaba de hacerse referencia resulta loable en lo que a la protección de una de las caras de la moneda se refiere, la misma cae en el “solo algunos pierden”, por lo que cabe preguntarse, si en su formulación se han considerado, por ejemplo, los estragos de esta medida en la supervivencia de personas naturales que derivan su fuente de sostenimiento de los arrendamientos recibidos (pequeños empresarios), o en las personas jurídicas que, para la administración de los bienes en renta, tienen personal a su disposición que vería disminuidos sus ingresos; o para ir mucho más allá, en algunos de los “grandes jugadores” que obtienen sus recursos del público en general y que también se verían afectados por una política como la propuesta.

A pesar de las preocupaciones que enfrentamos y de la dificultad que entraña el encontrar soluciones ecuánimes, antes de hacer propuestas que buscan privilegiar a un sector sin ponderar el daño que se genera a otros que no están llamados a tener que soportarlo, debemos detenernos y pensar; recordemos que la historia de la humanidad demuestra que no es perdurable construir sobre la miseria del otro y que la clave para superar las horas oscuras ha estado siempre en buscar aquello que convenga a la sociedad en general, de manera holística, lo que en otras palabras significa no dejar ningún sector a la deriva.

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