Nulidad del Decreto 1500 de 2018 y su impacto en el territorio de la Línea Negra

El 12 de febrero de 2026, el Consejo de Estado profirió una sentencia de única instancia que declara la nulidad del Decreto 1500 de 2018. Esta norma tenía como objeto redefinir el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante el sistema de espacios sagrados denominado “Línea Negra”. La decisión judicial analiza el alcance de la potestad reglamentaria y la seguridad jurídica en la delimitación de competencias territoriales y ambientales en regiones con protección ancestral.

Límites de la potestad reglamentaria en la regulación del territorio ancestral

El punto central del análisis jurídico consistió en determinar si el Ejecutivo, al expedir el Decreto 1500, actuó dentro de los límites de la potestad reglamentaria. Así, la Sección Primera del Consejo de Estado examinó si el acto se limitaba a desarrollar normas existentes o si introducía una regulación con efectos jurídicos propios. Finalmente, la Sala concluyó que el decreto excedía dicho ámbito, pues la delimitación adoptada y las directrices establecidas generaban impactos estructurales en la gestión territorial que requerían una habilitación legal expresa, y no meramente administrativa.

Impacto en el ordenamiento territorial y la gestión ambiental regional

La sentencia aborda las implicaciones del decreto sobre la coordinación entre la Nación, las entidades territoriales y las autoridades ambientales. El Decreto 1500 incorporaba lineamientos que condicionaban la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial y evaluación de proyectos. Con la declaratoria de nulidad, estas directrices dejan de producir efectos jurídicos, permitiendo que las actuaciones administrativas en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta retornen al marco normativo general y a las reglas ordinarias de distribución de competencias previstas en la Constitución y la ley.

Seguridad jurídica y consulta previa en actos administrativos de carácter general

Además del análisis competencial, el fallo analiza la incidencia de la norma en derechos de propiedad pública y privada, así como la necesidad de agotar la consulta previa frente a otras comunidades étnicas potencialmente afectadas. La decisión reitera que las medidas con incidencia territorial amplia deben estar respaldadas por bases normativas sólidas. En contextos donde confluyen intereses ambientales, culturales y económicos, la nulidad del acto administrativo contribuye a clarificar el marco jurídico bajo el cual deben adoptarse las políticas públicas de impacto estructural.