Unificar para simplificar: el reto pendiente del sistema tributario territorial

En Colombia, la tributación territorial comprende un mosaico normativo que, lejos de facilitar el cumplimiento fiscal, lo entorpece. Distintos estatutos tributarios locales y plataformas tecnológicas dispares configuran un escenario que vulnera el principio de eficiencia fiscal y pone en aprietos tanto a contribuyentes como a operadores jurídicos.

La autonomía fiscal de los entes territoriales, consagrada en el artículo 287 de la Constitución, les permite reglamentar aspectos clave de los tributos locales, como las estampillas, el impuesto de industria y comercio, y el predial. Si bien esta facultad fortalece la descentralización y la gestión local, también ha generado desafíos significativos: cada municipio o departamento establece sus propias reglas dentro del marco legal, lo que obliga a navegar entre normativas disímiles.

¿Cuáles son los desafíos de la tributación territorial en Colombia?

La búsqueda normativa que deben realizar los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales en Colombia es compleja, y en muchos casos, frustrante. Las reglas aplicables no se encuentran en una única fuente, sino que están dispersas entre estatutos tributarios territoriales, resoluciones nacionales, circulares, conceptos y jurisprudencia. A ello se suma la incertidumbre sobre la vigencia de las que sí se encuentran: muchas veces, el resultado de la investigación puede estar derogado, modificado o simplemente desactualizado.

Esta dispersión normativa no solo afecta a los contribuyentes individuales, sino que también tiene implicaciones directas en la competitividad empresarial, pues las compañías que operan en múltiples jurisdicciones deben invertir tiempo y recursos significativos en entender y cumplir con normativas locales dispares, lo que puede desincentivar la expansión regional y generar costos administrativos innecesarios.

Por ello, se hace urgente avanzar hacia una unificación normativa que abarque no solo las disposiciones nacionales, sino también las territoriales, permitiendo una consulta más ágil, coherente y segura del marco tributario territorial. Por consiguiente, una herramienta que integre estas normativas en un sistema accesible y actualizado fortalecería la transparencia, reduciría los errores por desconocimiento normativo y mejoraría la eficiencia administrativa.

Unificación normativa: ¿la solución a la complejidad fiscal local?

La solución a esta dispersión no puede ser únicamente jurídica; debe ser también tecnológica. La creación de una plataforma digital integrada, que compile y actualice en tiempo real las disposiciones tributarias territoriales, sería un gran avance. Además, esta herramienta permitiría a los contribuyentes consultar de manera sencilla las normas vigentes en cada municipio o departamento, con filtros por tipo de tributo, vigencia y jurisdicción. Asimismo, facilitaría la sincronización entre los sistemas de información de la Dian y los entes territoriales, promoviendo el cumplimiento automatizado y reduciendo los errores derivados de la interpretación normativa.

No obstante, cualquier esfuerzo de unificación normativa debe construirse respetando la autonomía de los entes territoriales. La descentralización fiscal es un principio constitucional, y su fortalecimiento no debe verse comprometido por la búsqueda de estandarización. Por ello, los municipios y departamentos deben ser actores activos en el diseño de una plataforma o sistema normativo unificado. Su participación garantizaría que las particularidades locales sean tenidas en cuenta, sin perder de vista la necesidad de coherencia y accesibilidad. Un modelo colaborativo, en el que la Dian actúe como articular técnico y jurídico, permitiría avanzar hacia una solución que respete la diversidad territorial sin sacrificar la claridad normativa.

Atendiendo precisamente a esa necesidad de simplificación y seguridad jurídica, se han expedido normas compiladoras como la Resolución 000227 de 2025 de la Dian, mediante la cual se consolida en un solo cuerpo normativo la regulación vigente en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Esta “Resolución Única” busca facilitar la interpretación, aplicación y consulta de las normas, tanto por parte de los contribuyentes como de los funcionarios de la entidad, promoviendo así el cumplimiento voluntario y optimizando la administración tributaria.

Asimismo, la experiencia del Decreto Único Reglamentario (DUR) en materia tributaria ha demostrado los beneficios de consolidar en un solo cuerpo normativo las disposiciones dispersas que antes se encontraban en múltiples decretos. Esta herramienta ha facilitado la consulta, interpretación y aplicación de la normativa nacional, reduciendo la incertidumbre jurídica y mejorando la eficiencia administrativa.

En conclusión, la fragmentación normativa en materia tributaria territorial representa uno de los principales obstáculos para la eficiencia fiscal en Colombia. Aunque la autonomía de los entes territoriales es un valor constitucional que debe preservarse, ello no implica renunciar a la claridad, accesibilidad y coherencia del sistema tributario. La experiencia del DUR y la Resolución Única de la Dian demuestran que la consolidación normativa es posible y beneficiosa. Extender este esfuerzo al ámbito territorial, con el apoyo de herramientas tecnológicas y la participación de los gobiernos locales, no solo es deseable, sino urgente. Un sistema tributario más integrado y transparente es clave para fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la competitividad y avanzar hacia una verdadera modernización fiscal.