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Escritos

Incertidumbres frente a la consulta previa

Erika Natalia Becerra

La consulta previa ha sido reconocida ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como un derecho fundamental cuya titularidad se encuentra en cabeza de las comunidades étnicamente diferenciadas, frente al desarrollo de proyectos o implementación de decisiones administrativas que puedan generar una afectación directa a su autodeterminación, subsistencia y diversidad.

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Pomcas, instrumentos ambientales de planificación territorial

Natalia Nuñez Vélez

El ordenamiento ambiental del territorio en Colombia, se ha convertido en autoridad normativa en la medida en que de manera general sus disposiciones son de jerarquía superior a disposiciones del ordenamiento territorial colombiano.

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¿Garantía para los accionistas?

Julian Felipe Rojas

Varias son las instituciones incorporadas a la regulación mercantil con el fin de hacerla coherente con aquellas aplicables en países con un tráfico mercantil más “tecnificado”. Dentro de los cambios adoptados están los relacionados con grupos empresariales, sociedades unipersonales, flexibilización de requisitos para la constitución de sociedades, etc. Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de los esfuerzos desplegados de tiempo atrás, es largo al camino que aún nos queda por recorrer, en especial respecto de algunas figuras de aplicación en Colombia. Entre ellas está el llamado derecho de preferencia para sociedades cuyos títulos no se encuentran listados en bolsa.

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La reforma al régimen de responsabilidad de los administradores societarios

Julián Rojas, socio área derecho corporativo, civil y mercantil de Pinilla González & Prieto Abogados, analiza los posibles ajustes al régimen de responsabilidad de los administradores societarios. Después de un 2017 complejo en materia de trámite legislativo por cuenta de la aprobación de proyectos de ley relacionados con el proceso de paz en Colombia, se espera que este año sea aprobado el proyecto de iniciativa parlamentaria que propone impulsar nuevamente, ajustes al régimen de responsabilidad de los administradores societarios (la iniciativa cuenta con dos antecedentes importantes que son los proyectos de Ley 70 y 231, de 2015 y 2017, respectivamente).

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Sobre la aplicación de la Ley de garantías

La Ley 996 de 2005 consagra una serie de condiciones a observar en época de elecciones con el propósito de garantizar la igualdad de los candidatos en la contienda electoral y, en últimas, evitar se vicie la voluntad popular. Específicamente, en materia de contratación pública la llamada ley de garantías establece unas prohibiciones que impiden a las autoridades públicas suscribir contratos o convenios en ciertas circunstancias concretas durante determinado periodo de tiempo.

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Entidades sin ánimo de lucro corren contra el tiempo

Melissa López Coy

La Ley 1819 de 2016 (última reforma tributaria) trae, sin duda, cambios fundamentales respecto del Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre La Renta y Complementarios. Uno de ellos es la incorporación al régimen especial, la cual deja de ser automática, pasando a ser rogada, lo que significa que las entidades sin ánimo de lucro deben hacer una solicitud ya sea para permanecer en este (para aquellas entidades que ya hacen parte del régimen tributario especial a 31 de diciembre del año 2016) o para aplicar por primera vez.

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Es hora de comenzar a preparar su declaración de renta del año 2017 y de planear la correspondiente a la vigencia fiscal 2018

Equipo de Derecho Tributario

Si usted es de aquellas personas que se ocupa de su declaración de renta pocos días antes del vencimiento del término para presentarla, es importante que modifique su comportamiento tradicional y se prepare con la suficiente antelación. De esta manera, de una parte, podrá conocer cuál será el impacto total que sobre sus finanzas personales de este año –en el que deberá presentar la renta correspondiente a la vigencia fiscal 2017- generará la más reciente modificación al sistema de tributación de las personas naturales introducida por la Ley 1819 de 2016 lo que, además, le permitirá programar su caja con tiempo para realizar el pago durante los meses de agosto a octubre según los dos últimos dígitos de su cedula y, de otra, durante el año gravable 2018, podrá analizar con detenimiento las estrategias de planeación –que no de evasión, ni de elusión- a las que puede acudir para optimizar el pago de su impuesto correspondiente al presente año que deberá realizar en 2019.

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Prepare con tiempo suficiente su declaración de renta de 2017 y planifique la de 2018

Equipo de Derecho Tributario

Si usted se ocupa de su declaración de renta pocos días antes del vencimiento del término para presentarla, es importante que modifique su comportamiento y se prepare con antelación. De esta manera, de una parte, podrá conocer cuál será el impacto sobre sus finanzas personales de este año –en el que deberá presentar la renta correspondiente a la vigencia 2017- que generará la más reciente modificación al sistema de tributación de las personas naturales introducida por la Ley 1819 de 2016 lo que, además, le permitirá programar su caja con tiempo para realizar el pago durante los meses de agosto a octubre y, de otra, durante el año gravable 2018, podrá analizar con detenimiento las estrategias de planeación –que no de evasión, ni de elusión- a las que puede acudir para optimizar el pago de su impuesto correspondiente al presente año que deberá realizar en 2019.

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La exigibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano en el arbitraje de inversión

David Garzón Gómez

En Colombia los conflictos que se suscitan por los daños que causa el Estado a los particulares tradicionalmente se han ventilado en la jurisdicción contencioso administrativa. Así, a través de las vías procesales consagradas en la ley y los distintos regímenes de responsabilidad concebidos por la jurisprudencia, a las autoridades públicas les puede ser atribuible responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de un contrato estatal, los perjuicios causados por un acto administrativo, o las actuaciones que inflijan un daño. En ese sentido, se puede afirmar que a partir del ordenamiento legal y la jurisprudencia nacional de los últimos 50 años se ha creado un sistema de responsabilidad del Estado con límites y contenidos definidos que, por supuesto, no está exento de críticas fundadas y cuya materialización está condicionada por las deficiencias propias de toda la institucionalidad colombiana.

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“Volteo de tierras” vs. incorporación legítima de suelos

Juan Manuel González

En los últimos meses, viene haciendo carrera en el país la expresión “volteo de tierras” para definir la indebida incorporación de suelo rural al uso urbano mediante actuaciones non sanctas que involucran tanto al sector público como al privado. Sin desconocer que se trata de un fenómeno preocupante que requiere una acción decidida de las autoridades para evitar que cualquier incorporación de suelo se haga de manera ilegítima y fraudulenta, esto es, sin el cumplimiento de los requisitos jurídicos y técnicos, también es pertinente insistir en que no todas las incorporaciones equivalen a “volteo de tierras” y por consiguiente, esta actividad, que es legítima y está amparada por la Constitución y la ley, debe mantenerse al margen de generalizaciones negativas que desconocen procesos serios y ordenados de desarrollo territorial.

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Ciudad Lagos de Torca, revolución urbanística y ambiental para el norte de Bogotá

Juan Manuel González

El pasado mes de marzo, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 088 de 2017, conocido como Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (POZ Norte) o Ciudad Lagos de Torca. La norma, que constituye una apuesta sin precedentes hacia la recuperación ambiental y el desarrollo urbanístico de esa zona de la ciudad, tiene tres componentes fundamentales: ambiental, normativo-urbanístico y financiero. Antes de abordar cada uno de ellos, es importante reseñar brevemente algunos antecedentes normativos para entender la génesis del POZ Norte y sus futuros alcances.

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Lagos de Torca, fiducia privada para 4 billones en obras

El Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (POZ Norte) o Ciudad Lagos de Torca tiene por objeto el desarrollo urbanístico de 1803 hectáreas, delimitadas al norte, por el municipio de Chía, al occidente por la Avenida Boyacá, al oriente por la Carrera 7, y al sur por las calles 183 y 193, para generar y mejorar vías de la malla vial arterial en sentido sur-norte tales como la Carrera 9 y la Autonorte; la Avenida El Polo en sentido oriente-occidente; zonas verdes como el Parque Metropolitano Guaymaral; áreas útiles para vivienda social, comercio, oficinas y colegios, una adecuada infraestructura de servicios públicos y un gran Centro Intermodal de Transporte.

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Instrumentos de financiación de infraestructura urbana

Juan Manuel González

La Ley 388 de 1.997 introdujo los elementos necesarios para planificar, financiar y ejecutar modelos de ciudad completos, estableciendo no solamente las definiciones legales necesarias, sino un marco legal amplio para su instrumentación.

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Ciudad Lagos de Torca, la gran apuesta para el desarrollo del norte de Bogotá

Juan Manuel González

Hace pocos días, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 088 de 2017, conocido como Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (POZ Norte) o Ciudad Lagos de Torca. La norma, que constituye una apuesta sin precedentes hacia la recuperación ambiental y el desarrollo urbanístico de esa zona de la ciudad, tiene tres componentes fundamentales: ambiental, normativo-urbanístico y financiero. Antes de referirme puntualmente a cada uno de ellos, expondré de manera breve algunos antecedentes normativos importantes para entender la génesis del POZ Norte y sus alcances.

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Las modificaciones introducidas al régimen tributario de las Entidades Territoriales

Maria Camila Henao Castillo

Una valiosa oportunidad para introducir cambios profundos al régimen que ocupa nuestra atención y que, por demás, continúa generando importantes niveles de litigiosidad, no se ha aprovechado en forma suficiente. Quizás el tiempo de discusión de la hoy Ley 1819 de 2016 no ha sido el necesario para debatir con la profundidad requerida las deficiencias propias de la estructura de muchas de las fuentes de financiación fiscal de las entidades territoriales o quizás aún se considera, de manera equivocada, que la atención en las reformas tributarias debe concentrarse, en mucho, en el andamiaje de los tributos de carácter nacional.

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Introducing American Fiduciary Duties of Officers and Directors in Colombian Corporate Law

Julián Felipe Rojas Rodríguez and Juan David Alzate Peña

In the American legal system, the direct action could be defined as the “claim brought by the shareholder in his or her own name, which cause of action belongs to the shareholder in his or her individual capacity, and that arises from an injury directly to the shareholder.”

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¿Medidas cautelares por solicitud del demandado?

Óscar J. Martínez Correa

Una de las reformas introducidas con el código general del proceso (CGP) que quizás ha generado más debates e interrogantes en el entorno procesal, ha sido la adopción del nuevo sistema de medidas cautelares previsto en el artículo 590 de la Ley 1564 de 2012, reforma que no solamente trajo consigo una significativa ampliación de las modalidades o clases de cautelas admisibles en el proceso –y que acrecentó el poder cautelar de los jueces-, sino que adicionó novedosas facultades y oportunidades procesales que permiten a las partes una intervención más activa y directa en las decisiones relacionadas con este importante aspecto de la actuación judicial.

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Financiación del desarrollo urbano: la contribución por participación en la plusvalía

Camilo Francisco Caycedo Tribín y Ángela María Caicedo Rozo

La clasificación de la participación en la plusvalía dentro de las distintas especies de tributos aún origina algunas interpretaciones, circunstancia que resulta extraña estando tan avanzada, para este momento, la doctrina y la jurisprudencia sobre este particular. Sin más, ella cumple con la totalidad de las características previstas por las citadas fuentes para ser considerada dentro de la especie contribuciones (entre otras, su destinación específica), pero diferente de las llamadas parafiscales.

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Algunos aspectos sobre la situación de los Cerros Orientales

Mónica Rodríguez Trujillo

El pasado tres de marzo, el fallo proferido por el Consejo de Estado dentro del marco de la acción popular 2005-662(1), cumplió dos años de haber quedado ejecutoriado, lo que implica que desde ese entonces, los particulares, las autoridades administrativas del orden Distrital y Nacional, así como las autoridades judiciales que conocieron del proceso, debían observar y dar cumplimiento a las órdenes que la sentencia determinó, con miras a proteger tanto el derecho colectivo referente al goce de un ambiente sano, como los derechos de los particulares, adquiridos por aquellas personas titulares de licencias urbanísticas.

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Planes de manejo arqueológico como requisito previo a la ejecución de obras en grandes proyectos urbanísticos

Ángela María Caicedo Rozo y Hernán Javier Rodríguez Cervantes

En la última década, tal como se expondrá a lo largo del presente artículo, la arqueología tomó relevancia en la ejecución de proyectos (de infraestructura e inmobiliarios principalmente) debido a que se ha venido exigiendo la adopción de un plan de manejo arqueológico que no pocas veces ha generado alteraciones en los cronogramas de ejecución de los mismos.

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La responsabilidad de los administradores en el proyecto de ley No. 070 de 2015

Camilo Andrés Hermida C. y Natalia Ballesteros B.

El Proyecto de Ley No. 070 radicado por el Gobierno en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el pasado 12 de agosto de 2015, tiene como finalidad introducir reformas al régimen societario, en 3 aspectos medulares: (i) modificación de algunas de las reglas existentes de las sociedades por acciones simplificadas (SAS) y extensión de las mismas a los demás tipos societarios; (ii) modificación del régimen de responsabilidad de los administradores y; (iii) fortalecimiento de las facultades jurisdiccionales y sancionatorias de la Superintendencia de Sociedades. Para los efectos de este escrito, solo se profundizará en el segundo de los tópicos antes enunciados.

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Nuevas medidas cautelares: reto para la discrecionalidad judicial

Camilo Andrés Baracaldo C.

El legislador ha acogido el propósito de dotar de mayores potestades al juez en búsqueda de celeridad y eficacia en la solución de controversias por la vía judicial. Dicho fin acompaña la reacción para hacer frente a la percepción de desventaja que padecen los demandantes y que llevó a nivelar la balanza y brindar fuerza procesal a la calidad de demandante frente a la condición de demandado.

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Este lote no se vende, no se arrienda, no se hipoteca; no se deje estafar

Camilo Andrés Baracaldo C.

¿Cuántos ciudadanos no hemos visto este aviso, con variados colores, tamaños y ortografía? Sin embargo, dicha medida preventiva, que algunos extranjeros interpretan como necesaria para alejar a los ansiosos compradores de tan escaso producto, ha resultado ineficaz para su fin real: detener a los delincuentes expertos en apropiación ilegítima de inmuebles o lo que en la actividad del desarrollo inmobiliario ya se conoce como el “secuestro” de los inmuebles.

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