En materia urbanística, el problema no está en el marco jurídico, sino su interpretación
Juan Manuel González
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17/7/2019
Para empezar, la Guía Real Estate 2019 para Colombia publicada por parte de la prestigiosa editorial jurídica Chambers & Partners destaca que, en el contexto del derecho comparado a nivel latinoamericano, el marco jurídico del sector urbanístico colombiano ofrece un marco regulatorio moderno que, en ciertos elementos fundamentales, constituye un ejemplo a nivel regional. Países como Ecuador, Guatemala, República Dominicana y El Salvador recientemente han replicado el modelo colombiano en sus legislaciones. En materia urbanística, el marco regulatorio colombiano tiene sus normas sustanciales en la Ley 9 de 1989 y en la Ley 388 de 1997, que han sido ampliamente reglamentadas en los últimos años. De hecho, el Decreto Único Reglamentario 1077 del 2015 recoge todo este marco regulatorio que venía del año 1997 y que sigue siendo objeto de una copiosa reglamentación, e incorpora temas tan importantes como el ordenamiento del territorio; el procedimiento para la expedición de los planes de ordenamiento territorial (POT); cómo se regulan las cargas y beneficios en el desarrollo del territorio; cuáles son los instrumentos de financiación del desarrollo urbano; las estrategias vinculadas a los instrumentos de gestión del suelo, como las integraciones inmobiliarias, los reajustes de tierras, la cooperación entre partícipes, y, además, una estructura que regula de manera armoniosa y coordinada la forma en que debe desplegarse el ordenamiento del territorio, los instrumentos de gestión y su financiación.
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