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Por Andrés Felipe Aguas y Leidy Remolina Pinto
Abogados del área de Solución de Controversias y Litigios
Pinilla González & Prieto Abogados
Según los registros oficiales, la pandemia de COVD-19 llegó a nuestro país el pasado 6 de marzo de 2020, cuando se registró el primer caso de contagio en la ciudad de Bogotá. Desde entonces las autoridades gubernamentales han tomado medidas tendientes a mitigar el impacto del virus declarando, en su orden, la emergencia sanitaria (Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social); el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a nivel nacional (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020); y el aislamiento preventivo obligatorio entre el 25 de marzo y el 13 de abril de 2020 (Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior).
Esta compleja situación ha implicado que el normal funcionamiento de nuestro sistema de justicia se haya visto afectado, pues incluso antes de declararse el mencionado estado de emergencia en el país, ya el Consejo Superior de la Judicatura había declarado la urgencia manifiesta para el control y contención del contagio del COVID-19 en la Rama Judicial. Para ello ordenó, desde el 16 de marzo, la suspensión de términos judiciales con excepción de los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías, los despachos penales de conocimiento y los jueces de tutela. Al día de hoy y después de dos prórrogas continuas, los términos judiciales siguen suspendidos hasta el 12 de abril, fecha en la que, de mantenerse la emergencia, seguramente se proferirá una nueva prórroga.
Las anteriores medidas, aunadas a la prohibición de libre circulación y a las restricciones para el ingreso a las dependencias judiciales, han sembrando dudas entre los ciudadanos que necesitan acceder a la administración de justicia para presentar nuevas demandas; en especial, en aquellos casos en los cuales su derecho a demandar está cerca de extinguirse por la eventual configuración de la prescripción o la caducidad de las acciones. Para resolver estas dudas, a continuación explicamos cuál es la normatividad especial que ha sido proferida a raíz de la emergencia y qué otras alternativas tienen los interesados en mitigar este riesgo:
Mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional ordenó a las ramas que conforman el poder público en sus distintos sectores, prestar sus servicios mediante la modalidad de trabajo en casa utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones; sin embargo, en el país aún falta mucho para que el uso de las tecnologías pueda implementarse de manera plena e íntegra en la Rama Judicial; y para que todas las personas que acuden a la administración de justicia tengan acceso al uso de la tecnología.
El artículo 9° del mencionado decreto, estableció, reglamentando las conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación, que no correrá el término de prescripción o de caducidad de las acciones o de los medios de control siempre y cuando se suspenda la posibilidad de radicación de solicitudes de convocatoria de conciliaciones. Sin embargo, no se hizo mención al término de suspensión establecido en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 en relación con aquellas solicitudes de conciliación que se encontraban en trámite al momento de proferirse la orden de aislamiento preventivo obligatorio, vacío normativo que resulta problemático pues bien puede ocurrir que algunas conciliaciones en curso se prolonguen por un tiempo mayor al previsto en la ley.
Por su parte, el artículo 10 del mencionado decreto ordena prestar los servicios de arbitraje, conciliación, amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural mediante el uso de tecnologías de la comunicación y la información. Consideramos que esta medida es altamente viable en la práctica si se tiene en cuenta que la mayoría de Centros de Arbitraje del país han implementado sistemas de alta tecnología que permiten una fácil comunicación.
En relación con la ocurrencia de los fenómenos de prescripción o caducidad, el artículo 10 del decreto establece que “durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria no correrán los términos de prescripción o caducidad de las acciones”; por lo que en estricto sentido, el lapso comprendido entre el 12 de marzo y el 30 de mayo de 2020, término de duración de la emergencia sanitaria, debe descontarse de cualquier contabilización de términos de caducidad o de prescripción de las mismas.
Aunque la norma es clara, dados los graves efectos que se derivarían para una persona en caso de configurarse la prescripción o la caducidad de una acción determinada, no está demás analizar algunos mecanismos que ayudarán a asegurar que no se configuren estos fenómenos jurídicos. Veamos:
Algunos mecanismos para prevenir el acaecimiento de los fenómenos jurídicos de prescripción o caducidad de las acciones civiles:
Con fundamento en el último inciso del artículo 94 del Código General del Proceso (C.G.P.), es posible para el acreedor interrumpir el término de prescripción requiriendo por escrito al deudor. Eso sí, se debe tener en cuenta que si anteriormente se había requerido a deudor haciendo uso de esta herramienta, el acreedor o titular de la acción no podrá hacer uso de este mecanismo por segunda vez.
El requerimiento escrito puede ser enviado por correo físico o electrónico. En el primer caso se recomienda que el envío se efectúe por medio de una empresa de mensajería que pueda certificar, para efectos probatorios, que la comunicación fue recibida por el deudor. Si se envía por correo electrónico, se recomienda que se haga a través de una plataforma de correo electrónico certificada que emita el respectivo acuse de recibo de la comunicación. Así, se tiene la certeza de que el mensaje de datos efectivamente llegó a su destinatario.
Finalmente, es importante que la comunicación tenga un contenido jurídico claro y suficiente para que pueda cumplir los fines de interrupción previstos en la norma.
El artículo 21 de la Ley 640 de 2001 establece que con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial se suspende el término de prescripción o de caducidad de la acción, según sea el caso, hasta que se registre la respectiva constancia o acta de conciliación o hasta por un término máximo de tres meses. En este punto es importante aclarar que el anterior término de duración del trámite conciliatorio fue modificado por el artículo 10 del Decreto 491 de 2020, ampliándolo a 5 meses, lo que hace aún más efectivo este mecanismo de suspensión.
Ahora bien, la solicitud de conciliación extrajudicial puede ser radicada por medios virtuales para lo cual se recomienda, primero, verificar si el respectivo Centro de Conciliación cuenta con esta posibilidad, pues de no ser así se deberá radicar la solicitud ante otro Centro de Conciliación que sí cuente con la infraestructura tecnología necesaria. La ventaja en este caso es que no existe un factor territorial que determine dónde debe radicarse la solicitud, por lo que puede presentarse ante cualquier Centro de Conciliación del país avalado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Es importante que al momento de radicar la solicitud de conciliación también se envíe como documento adjunto el respectivo comprobante de pago de la tarifa del trámite, el cual dependerá de la cuantía del asunto a conciliar. Si no se allega el mencionado comprobante, el Centro de Conciliación ante el cual se radicó la solicitud no le dará tramite y, lo que es más grave, se corre el riesgo de que con la radicación de aquella no se logre el efecto de suspender el término de prescripción o de caducidad de la acción.
En el evento de que se hayan agotado las dos alternativas planteadas anteriormente o no sea posible hacerlo, existe la posibilidad de radicar la demanda por correo electrónico; esto, con fundamento en el artículo 103 del C.G.P., el cual establece que en todas las actuaciones judiciales, incluyendo la presentación de la demanda, se debe procurar por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Al respecto debe aclararse que si bien esta alternativa es novedosa, no existe ninguna disposición legal en la cual se prohíba. Al contrario: haciendo uso de ella se garantizaría el derecho al acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.
Para que esta alternativa surta el efecto esperado, es necesario que la demanda se envíe al correo electrónico institucional de la Oficina de Reparto de los juzgados competentes. También se recomienda que el mencionado mensaje de datos se envíe a través de una plataforma de correo electrónico certificado, la cual emita el respectivo acuse de recibo.
Por último y para mayor seguridad, es aconsejable que una vez abran al público los despachos judiciales, la parte demandante acuda a la Oficina de Reparto y entregue allí una copia del correo electrónico por medio del cual radicó la demanda, junto con una copia de la misma y sus anexos para el Juzgado, el archivo y cuantos demandados sean.
Habida cuenta que durante el tiempo que se prolongue el aislamiento preventivo obligatorio los procesos arbitrales se adelantarán por medios virtuales, existe la posibilidad, bien de activar los pactos arbitrales ya existentes, o en el evento de que no se cuente con una clausula compromisoria contenida en un contrato, provocar la celebración de un compromiso en virtud del cual las partes decidan someter a arbitraje una determinada controversia.
Teniendo pacto arbitral (cláusula compromisoria o compromiso), el demandante puede instaurar por medios virtuales la respectiva demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje seleccionado por las partes o, en su defecto, ante uno del lugar de domicilio del demandado. No obstante, se debe tener en cuenta que junto con la radicación de la demanda se deberá aportar una copia del comprobante de pago de los gastos iniciales del proceso, pues de no cumplir con lo anterior el Centro de Arbitraje ante el cual se radicó la demanda no dará trámite a la misma.
En conclusión, si bien en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 se estableció una solución respecto a la ocurrencia de la prescripción y caducidad de las acciones en el lapso de duración de la emergencia sanitaria, en el sentido de precisar que no correrán dichos términos, nuestro ordenamiento jurídico permite, a través de diversos mecanismos, asegurar que efectivamente se configure una interrupción o suspensión de tales fenómenos jurídicos.
En los siguientes enlaces pueden consultarse los acuerdos, resoluciones y decretos de que trata este artículo:
Para más información o asesoría especializada contacte a nuestro equipo en el correo pgp@pgplegal.com o ingrese a www.pgplegal.com.
El pasado 28 de marzo, el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 491 de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas de urgencia transitorias para garantizar la atención y prestación de servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, con el fin de dar continuidad a las actuaciones administrativas en medio de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19.
Según el citado decreto, las medidas de urgencia serán aplicadas por los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, incluidos los órganos autónomos e independientes del Estado, lo cual incidirá en las autoridades ambientales y por ende en las actuaciones administrativas de carácter ambiental.
1. Las autoridades deberán continuar la prestación de los servicios mediante la modalidad de trabajo en casa, para lo cual darán a conocer en su página web, los canales de atención virtuales a través de los cuales atenderán a la ciudadanía, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones que les sean formuladas.
2. Las autoridades deberán optar por la notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, para lo cual los usuarios tendrán que seguir los siguientes lineamientos o criterios:
i. Para trámites, procesos o procedimientos nuevos: El usuario tendrá que indicar la dirección de correo electrónica en la cual recibirá notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que autoriza la notificación electrónica; y
ii. Para actuaciones administrativas en curso: El usuario deberá indicarle a la autoridad mediante correo electrónico dirigido a la dirección de correo electrónico previsto por la autoridad para ello, la dirección electrónica en la cual recibirá las notificaciones o comunicaciones.
3. Se amplían los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, para atender peticiones nuevas o en curso, estableciendo como términos: (i) treinta (30) días para resolver cualquier petición; (ii) veinte (20) días para las peticiones de documentos y de información; y (iii) treinta y cinco (35) días para peticiones de consultas.
4. Se suspenden en los casos en que sea necesario, total o parcialmente, los términos legales de algunas o todas las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, únicamente durante el tiempo de la Emergencia Sanitaria.
Las anteriores medidas, permitirán que los usuarios continúen con normalidad la gestión de los trámites y solicitudes nuevas y en curso durante la Emergencia Sanitaria, y evitarán que algunos de ellos se vean perjudicados con la suspensión de trámites, procesos o procedimientos.
Si bien es cierto que al amparo del decreto las autoridades tienen la posibilidad de suspender parcial o totalmente los términos legales de las actuaciones administrativas cuando sea necesario, se espera que dichas suspensiones, en lo que atañe el Sector Ambiente, se reduzcan a situaciones muy concretas como la suspensión del cumplimiento de obligaciones ambientales derivadas de permisos, concesiones o licencias o la realización de visitas técnicas en el marco de un trámite de solicitud de permiso, concesión o licencia, pues se entiende que dichos escenarios ameritan la suspensión y su incumplimiento se fundamenta en una situación de fuerza mayor.
No obstante, frente a los demás casos se espera que las autoridades ambientales adopten las medidas de virtualidad ordenadas en el decreto con el fin de dar continuidad a las actuaciones administrativas, y propender por el movimiento y normalidad del Sector Ambiente y sectores afines.
Para más información o contactar al área de derecho ambiental y servicios públicos, escríbanos a pgp@pgplegal.com o consulte nuestros servicios ambientales.
Por Juan David Pérez y Margarita Hurtado
Abogados del área de Litigios y solución de controversias
Pinilla, González & Prieto Abogados
La solución de las controversias y litigios en curso no escapa a los efectos que la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha ocasionado en Colombia, pues la prestación del servicio de justicia, salvo algunas excepciones, requiere el necesario desplazamiento y presencia de funcionarios, usuarios y apoderados a las instalaciones físicas en las que operan los distintos órganos jurisdiccionales. A continuación hacemos un breve resumen de la reglamentación expedida hasta el momento y de los efectos inmediatos de la misma en esta materia:
Fundamentalmente estamos ante un cierre casi total de los despachos judiciales y una consecuente suspensión de los términos en los procesos que se vienen tramitando, lo cual implica, entre otros efectos prácticos, la imposibilidad de presentar y resolver nuevas solicitudes para el impulso de los trámites, la no realización de audiencias, la imposibilidad de cumplir cargas procesales o de obtener medidas cautelares, y por supuesto, la de presentar nuevas demandas.
A partir de la promulgación de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y dada la emergencia económica y social que atraviesa el país, el Consejo Superior de la Judicatura, adoptó una serie de acuerdos tendientes para afrontar la situación a través de medidas que, sin lugar a dudas, tienen repercusiones inmediatas en los procesos judiciales en curso. A continuación explicamos lo que ha ocurrido:
1. Mediante el Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura decidió, como primera medida, suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo. Este acuerdo comprende las siguientes excepciones: (i) los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías; (ii) los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con personas privadas de la libertad y (iii) el trámite de acciones de tutela.
Adicionalmente, el acuerdo prevé que el ingreso a las instalaciones queda limitado a dichos trámites incluidos en las excepciones y permite el trabajo desde casa a los funcionarios respecto de los demás asuntos.
2. Mediante el Acuerdo PCSJA20-11519 del 16 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura decidió suspender los términos de la revisión eventual de tutelas en la Corte Constitucional del 17 al 20 de marzo de 2020, suspendiendo también el envío de nuevos expedientes de acciones de tutela para revisión en ese Alto Tribunal.
3. Mediante el Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura decidió prorrogar la suspensión de términos desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020, manteniendo las mismas excepciones del acuerdo inicial y señalando las materias específicas para los jueces de control de garantías en asuntos determinados. Asimismo, manteniendo las demás medidas restrictivas de acceso a los despachos y el trabajo en casa para los funcionarios que no están cobijados por las excepciones.
4. Mediante Acuerdo PCSJA20-11526 del 22 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura decidió prorrogar la suspensión de términos desde el 4 de abril hasta el 12 de abril de 2020, limitando aún más las materias asignadas a los jueces incluidos en las excepciones, así como el reparto de las acciones de tutela; y dejando a discreción de los Consejos Seccionales la adopción de las medidas necesarias para proteger a los servidores y usuarios de la Rama Judicial, medidas que en la práctica siguen implicando las restricciones de acceso a las dependencias judiciales.
Así las cosas, tenemos que los términos en los procesos judiciales de la jurisdicción ordinaria – Civil, Familia y Laboral, se encuentran suspendidos hasta el 12 de abril de 2020, reanudándose el lunes 13 de abril de 2020 salvo las excepciones contenidas en los acuerdos.
En línea similar, las entidades que por ley ejercen funciones jurisdiccionales también han decidido suspender los términos. Así, la Superintendencia de Sociedades lo hizo hasta el 31 de marzo de 2020 y la Superintendencia de Industria y Comercio hasta el 30 de abril. Dicha suspensión abarca asuntos de competencia de estas entidades tales como protección al consumidor, competencia desleal, propiedad industrial, controversias societarias y procesos de insolvencia.
De otro lado, mediante el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, se establecieron medidas respecto a los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, que son fundamentalmente las siguientes:
1. El artículo 9°, sobre conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación, contiene las siguientes reglas:
2. El artículo 10° establece que los procesos arbitrales, de amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, se podrán adelantar mediante el uso de tecnologías de la comunicación. Dicho artículo contiene las siguientes reglas especiales:
Es necesario reiterar que este decreto hace alusión expresa a que los procesos arbitrales sigan adelantándose por medios virtuales, contrario a lo que ocurre con los procesos ante la jurisdicción ordinaria, que se encuentran suspendidos hasta el 13 de abril.
Teniendo en cuenta lo anterior surgen los siguientes interrogantes: ¿Quedará desprotegido el consumidor por las medidas tomadas respecto a la emergencia sanitaria del Covid-19? ¿Se podrán impugnar actas de asambleas y juntas de socios ante la Superintendencia de Sociedades? ¿Qué pasará con el término de prescripción de las acciones? ¿Y con el término de duración de los procesos judiciales, conciliaciones y procesos arbitrales?
Estos interrogantes podemos resolverlos con fundamento en la reglamentación de emergencia adoptada por el Gobierno y por supuesto, en las normas que reglamentan cada trámite.
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Con el fin de mitigar los efectos económicos del Covid-19, y en consonancia con el Decreto 434 del 19 de marzo de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, expidió la Circular Externa No. 0033 del 30 de marzo de 2020, dirigida a quienes están obligados a actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Bases de Datos, RNBD.
A continuación la explicamos de una forma resumida:
La Circular Externa No. 033 del 30 de marzo de 2020 se encuentra disponible en este enlace.
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El pasado viernes 27 de marzo de 2020, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, emitió el Decreto Legislativo Número 488 y dictó medidas de orden laboral con el fin de promover la conservación del empleo y brindar alternativas a los trabajadores y empleadores dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Enseguida una muy breve explicación de cada una de ellas:
Faculta al trabajador para retirar mensualmente, durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, las cesantías del “Fondo de Pensiones y Cesantías” privado en caso de que disminuyan sus ingresos y por un monto equivalente a dicha reducción.
Autoriza al empleador a avisar al trabajador con al menos un día de anticipación, la fecha a partir de la cual le concederá las vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. Ese mismo plazo aplica si el trabajador decide solicitar vacaciones. Lo anterior, mientras esté vigente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Dispone la forma como, durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, las Administradoras de Riesgos Laborales deberán distribuir los recursos de las cotizaciones en riesgos laborales, incluyendo las partidas destinadas a actividades de promoción y prevención de riesgos laborales para atender a los trabajadores expuestos al contagio del Covid -19 (trabajadores de la salud, trabajadores de terminales de transporte, trabajadores de la Cruz Roja, etc).
Durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y sujeto a la disponibilidad de los recursos, se otorgará como beneficio a los trabajadores que se encuentren cesantes – sin empleo- el recibir dos (2) salarios mínimos divididos en tres (3) meses, siempre que hayan efectuado aportes a la Caja de Compensación Familiar durante un año en el transcurso de los últimos cinco (5) años, y cumplan con los demás requisitos previstos en el decreto.
Las Cajas de Compensación Familiar podrán, a través del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante FOSFEC-, apalancar los recursos necesarios para cubrir el déficit que pueda generarse al otorgar el beneficio económico para el cesante.
La última medida permite suspender por el término de seis (6) meses la acreditación de la fe de vida ante el Sistema de Seguridad Social en Salud.
El Decreto número 488 se encuentra disponible en este enlace.
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El próximo 3 de abril se llevará a cabo el primer Congreso en línea del sector legal en Colombia, organizado por Monolegal, empresa de innovación tecnológica para abogados litigantes con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Mincit.
El congreso nace en respuesta a los retos que plantea para los litigantes colombianos la situación de aislamiento obligatorio por COVID-19 ordenada por el Gobierno Nacional.
El evento está dividido en tres salas virtuales (Laboral, Civil y Administrativa) y contará con la participación de 16 conferencistas expertos en estas áreas de práctica.
Felipe Pinilla, socio fundador de Pinilla González & Prieto y director de las áreas de Litigios, Impuestos y Derecho Corporativo, y Óscar Martínez, socio del área de Litigios participarán en la Sala de Derecho Civil con las conferencias "Diferencias prácticas entre arbitraje y jurisdicción ordinaria", y "Ajustes o modificaciones a figuras fundamentales del CGP por vía de providencias de las altas cortes", respectivamente.
La primera conferencia (Felipe Pinilla) está programada de 8:00 am a 8:50 am; y la segunda (Óscar Martínez), de 9:00 am a 9:50 am.
Consulte la agenda académica del evento e inscríbase en este enlace.
Para mayor información puede llamar a Monolegal, organizador oficial del Congreso On Line al celular 3162458413.
La Superintendencia de Notariado y Registro expidió la Resolución 03130 del 24 de marzo de 2020, con el fin de adoptar medidas de carácter transitorio para la prevención y contención del Covid-19.
A continuación las explicamos de forma resumida:
La Resolución 03130 del 24 de marzo de 2020 se encuentra disponible en este enlace.
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Ante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 que atraviesa nuestro país y el mundo, el Gobierno Nacional y sus agentes estatales han adoptado una serie de decisiones tendientes a atender, mitigar y controlar adecuadamente esta contingencia. En materia de contratación pública, hasta la fecha, se han adoptado las siguientes medidas y recomendaciones para solucionar problemas que puedan presentarse en la actividad contractual del Estado.
En primer lugar, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional a través del cual se autorizó al Gobierno Nacional a acudir al procedimiento de contratación directa para que los sectores de la salud, prosperidad social, educación, defensa y todos aquéllos que requieran prestar atención a la población afectada, puedan adquirir el suministro de bienes, prestación de servicios o la ejecución de obras con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.
Del mismo modo, mediante el Decreto No. 434 del 19 de marzo de 2020, el Presidente de la República estableció, entre otros, como plazo máximo especial para la renovación del Registro Único de Proponentes, el quinto día hábil del mes de julio de 2020. Recuérdese que conforme al artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto No. 1082 de 2015, la persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año.
Por otra parte, se destaca que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha informado a las entidades públicas contratantes y a
los contratistas del Estado, sobre:
Así, en comunicado del 17 de marzo de 2020, Colombia Compra Eficiente recuerda a las entidades estatales que en situaciones de urgencia manifiesta pueden contratar directamente en las condiciones previstas en el artículo 2º numeral 4º literal a) de la Ley 1150 de 2007, los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto No. 1082 de 2015.
En la misma comunicación, dicha Agencia de Contratación Pública señala que otra posibilidad de contratación en situaciones de urgencia manifiesta es la contratación con organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, prevista en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, caso en el cual los contratos pueden regirse por los reglamentos de dichas instituciones, si así lo convienen las partes, sin desconocer la necesidad de obtener una certificación del gobierno contratista, donde constate que quién vende el bien objeto de adquisición es una entidad pública.
En concepto C-243 de 2020, Colombia Compra Eficiente señala que, al armonizar los artículos 3º y 9º de la Ley 1150 de 2007, las Leyes 527 de 1999, 962 del 2005, 1341 de 2009 y 1437 de 2011, así como los Decretos 019 de 2012 y 2106 de 2019 es viable la realización de la audiencia de adjudicación en la licitación pública a través de medios electrónicos. Así mismo, indica que, aun cuando la suspensión de la audiencia debe ser la última ratio y sólo sería viable en el evento previsto en el numeral 1º del artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto No. 1082 de 2015, ante la imposibilidad de contar con medios tecnológicos e informáticos que permitan adelantarla en sede virtual, las entidades estatales podrían suspender la realización de la audiencia de adjudicación, aplazándola para el momento en que cese el estado de emergencia sanitario o se tengan los medios logísticos para su desarrollo.
Así mismo, la Contraloría General de la República emitió la Circular 06 del 19 de marzo de 2020 con el fin de recordar a los ordenadores del gasto de las entidades de los niveles nacional y territorial, las exigencias legales para la celebración de contratos estatales de forma directa bajo la figura de la urgencia manifiesta y requerir reportes diarios respecto a los actos administrativos, contratos y demás actuaciones a ejecutar relacionadas con la atención, mitigación y control de la pandemia COVID-19.
Por último, la Presidencia de la República expidió el Decreto No. 440 del 20 de marzo de 2020, mediante el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19.
En el referido Decreto se adoptaron las siguientes medidas:
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En respuesta a la declaratoria de aislamiento obligatorio ordenada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., expidió el Decreto número 092 del 24 de marzo de 2020 (en adelante el “Decreto”), para efectos de adoptar e implementar las acciones pertinentes, así como las excepciones que se requieren para mantener el orden público y propender por la mitigación de los efectos derivados del contagio del COVID-19.
A continuación, explicamos de forma resumida aquellas disposiciones que las empresas, entidades financieras, bancarias, notarías, fábricas y similares, deben tener presentes para efectos de cumplir con el Decreto y garantizar unas condiciones laborales seguras a sus trabajadores, clientes y proveedores:
1. Las empresas deben promover e incentivar que sus empleados, proveedores y clientes, cumplan con la medida de aislamiento preventivo a partir de las 00:00am del 25 de marzo de 2020, hasta las 00:00am del día 13 de abril de 2020 (en adelante el “Periodo de Aislamiento”).
2. Las empresas deben informar a sus empleados que podrán circular y desplazarse durante el Periodo de Aislamiento, cuando se trate de:
Sin perjuicio de lo anterior, cuando se trate de realizar cualquiera de las actividades descritas en los numerales 2.1., 2.2 y 2.4, estas solo podrán realizarse por una persona del núcleo familiar.
3. Respecto de aquellas empresas cuya actividad económica se encuentre contenida en el artículo 2º del Decreto, los empleados deberán acreditar e identificar el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, las empresas, entidades financieras, bancarias, notarías, fábricas y similares, deberán entregar a sus trabajadores aquellos documentos, carnés o certificaciones que permitan acreditar la condición a la que se refiere el presente numeral.
4. Las empresas, entidades financieras, bancarias, notarías, fábricas y similares, responsables de la realización de cualquiera de las actividades exceptuadas por el Decreto y el artículo 3º del Decreto 457 de 2020, deberán:
5. Respecto de aquellas empresas cuya actividad principal corresponda al servicio de entrega a domicilio, estas deberán: (i) desinfectar los elementos de trabajo 3 veces al día; (ii) no realizar aglomeraciones superiores a 5 personas en los sitios destinados para el despacho de productos; (iii) garantizar que los bienes entregados al consumidor final se encuentren debidamente empacados y sellados; y (iv) abstenerse de emplear trabajadores que presenten signos gripales.
6. Las actividades excepcionadas en el Decreto no podrán en ningún caso: (i) desarrollarse en un mismo espacio con más de 50 personas; y (ii) celebrarse con un distanciamiento inferior a 2 metros entre cada persona, sitio o puesto de trabajo.
7. De manera transitoria y durante el tiempo que permanezcan las medidas del Decreto, el expendio y compra de bebidas embriagantes se limitará a un producto por persona, para lo cual las empresas o establecimientos de comercio deberán llevar un registro de las ventas efectuadas.
8. El terminal de transporte y sus terminales satélites, solo prestarán el servicio de despacho de buses y venta de tiquetes a aquellas personas que se encuentren en el Distrito y que estén adelantando las actividades exceptuadas por el Decreto.
9. El incumplimiento en las medidas contenidas en el Decreto podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en: (i) la Ley 18011 de 2016 (amonestaciones, multas o cierre de establecimiento); o (ii) la Ley 599 de 20002 (Ejemplo: Afectación a la salud pública).
10. Como consecuencia de todo lo anterior, las autoridades competentes podrán ejercer un control especial a las empresas, entidades financieras, bancarias, notarías, fábricas y similares, para efectos de cumplir con el contenido del Decreto y adelantar las correspondientes medidas correctivas.
El decreto Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 está disponible en este enlace.
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Ante la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de adoptar de medidas para reforzar la fase de contención del Covid-19; y tras la expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días para conjurar la grave calamidad pública que afecta al país, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió ayer el Decreto 434 de 2020, que establece medidas para mitigar los efectos económicos del Covid-19.
A continuación las presentamos de una forma resumida:
El Decreto 434 del 19 de marzo de 2020 se encuentra disponible en este enlace.
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Notas
Estimado Cliente, debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, a continuación presentamos información que puede ser de su interés.
Mediante la Resolución 100-000978 del 17 de marzo de 2020, se adoptaron las siguientes medidas (1):
Mediante Circular Externa No. 0022 del 19 de marzo de 2020, el Ministerio del Trabajo informó lo siguiente:
Para mayor información o asesoría relacionada, contacte a nuestro equipo pgp@pgplegal.com o acceda a la página web www.pgplegal.com.
Notas
1. “Por la cual se decreta como medida transitoria por motivos de salubridad pública, la suspensión de términos en las actuaciones administrativas y disciplinarias que se adelantan en la Superintendencia de Sociedades”
Con ocasión del COVID-19, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR; Secretaría Distrital de Ambiente-SDA y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, han adoptado las siguientes medidas o directrices:
1. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Conforme a la Resolución CAR No. 0690 del 17 de marzo de 2020, los términos de todas las actuaciones administrativas se suspenderán desde el 18 de marzo hasta el 31 de marzo del 2020. La medida podrá extenderse, conforme a los lineamientos de la Dirección General.
Entre las actuaciones administrativas se incluyen permisos o licencias ambientales, planes de manejo ambiental, planes de manejo restauración y/o recuperación ambiental, procesos sancionatorios, procesos de jurisdicción coactiva, etc.
Los servicios de atención al ciudadano se harán a través de las plataformas virtuales habilitadas por la CAR: www.car.gov.co o sau@car.gov.co.
2. Secretaría Distrital de Ambiente
Según la Resolución No. 00769 del 17 de marzo de 2020, la SDA suspendió los términos procesales de licencias ambientales, permisos, planes de manejo ambiental, Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, procesos administrativos sancionatorios, visitas de control y seguimiento ambiental, etc., salvo la imposición de medidas preventivas e indagaciones preliminares.
De igual manera, estará suspendido el préstamo de expedientes y los servicios de atención al ciudadano, se realizarán de manera virtual, a través de la página institucional: www.ambiente.gov.co o atencionalciudadano@ambiente.gov.co
Esta medida estará vigente hasta el 24 de marzo de 2020. No obstante, podría levantarse o extenderse, según las directrices del Gobierno Distrital.
3. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
La ANLA emitió comunicado indicando que suspenderá la realización de audiencias públicas. No obstante, no se ha pronunciado frente a la suspensión de términos procesales de actuaciones administrativas.
Por el momento, la ANLA mantendrá su horario de atención al público (ventanilla de atención al usuario) de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., bajo las siguientes condiciones: (i) la permanencia de los usuarios en ventanilla no podrá superar más de una (1) hora; y (ii) se deberán acoger las medidas de higiene y protección correspondientes.
Más información en este enlace.
A causa de la emergencia económica y de salud pública ocasionada por el Coronavirus COVID-19, pandemia reconocida de manera oficial por la OMS, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 401 del 13 de marzo de 2020, en virtud del cual se prorrogan las fechas de pago del impuesto de renta por la vigencia fiscal 2019 y del IVA respecto del segundo bimestre bimestre (marzo-abril) y del primer cuatrimestre (enero-abril) del 2020, únicamente y exclusivamente para los siguientes contribuyentes (en adelante Contribuyentes Específicos):
Además, se modificó el artículo 1.6.1.13.2.26 del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, Decreto 1625 de 2016 (en adelante DUT), quedando vigentes los siguientes plazos máximos para el pago y la presentación de las declaraciones de los impuestos correspondientes:
Es importante precisar que el alcance del Decreto 401 del 2020 es únicamente el de ampliar los plazos para cumplir con el pago de los impuestos de renta respecto de la vigencia fiscal 2019 e IVA por el segundo bimestre o primer cuatrimestre de 2020. Esto significa que la obligación formal de presentar las declaraciones correspondientes debe cumplirse dentro del plazo inicial fijado por el artículo 1.6.1.13.2.26 del DUT.
Para el caso de los Contribuyentes Específicos definidos por la norma, se ampliaron los plazos de pago de la segunda y tercera cuota del impuesto de renta en tres y dos meses respectivamente, como se observa a continuación:
Las declaraciones deben presentarse en las fechas inicialmente establecidas, es decir, entre el 14 y el 27 de abril para Grandes Contribuyentes y del 14 de abril al 12 de mayo para el resto de personas jurídicas, según el último número del NIT.
Las fechas vigentes para la declaración y el pago del 2° bimestre y/o 1° bimestre de 2020 son:
Se amplió el plazo para pagar en un (1) mes más del inicialmente concedido por el DUT.
Los vencimientos para la presentación y pago del anticipo bimestral en el año 2020 serán los siguientes:
Respecto de régimen simple también se mantuvieron los plazos inicialmente establecidos por el artículo 1.6.1.13.2.26 del DUT.
Los plazos para declarar y pagar el impuesto al patrimonio se mantuvieron sin ninguna modificación y están comprendidos entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre de 2020. El pago hacerse en 2 cuotas, a más tardar en las siguientes fechas:
Dentro del paquete de medidas que se vienen adoptando en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID 19, el Ministerio de Trabajo emitió la Circular 021 que propugna por preservar el empleo como fuente primaria del sustento de los hogares en Colombia, a través de la reglamentación de distintos mecanismos como el trabajo en casa, el teletrabajo, la flexibilización de horarios y trabajo remoto, que no liberan al empleador de cumplir sus obligaciones, en especial el pago del salario, los aportes al sistema de seguridad social integral (EPS, ARL, AFP) ni lo facultan para acudir a figuras como la desvinculación de trabajadores y la suspensión de contratos de trabajo, sin agotar previamente los requisitos hoy previstos para el efecto.
Aquí una síntesis estrecha del alcance de la Circular en mención:
Consiste en la prestación personal del servicio desde su casa o lugar distinto de los locales de trabajo del empleador por parte del colaborador, de manera ocasional, temporal y excepcional. Esta modalidad que es diferente a la del Teletrabajo, está prevista en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008. Para optar por esta modalidad, debe existir acuerdo entre el empleador y el trabajador.
A esta institución definida en el artículo 2º de la Ley 1221 de 2008, no le son aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno que rigen las relaciones laborales que parten de la prestación del servicio desde los locales de trabajo del empleador. Las condiciones específicas que rigen esta modalidad están previstas en el Decreto 1072 de 2015 Único Reglamentario del Sector Trabajo, y, contrario al esquema de “Trabajo en Casa” exigen como criterio para ser considerada como tal la habitualidad en su implementación.
Será la que resulte del ejercicio de la facultad de los empleadores de modificar la jornada laboral de los trabajadores, acortándolas o ajustándolas, dependiendo de las necesidades especiales de la emergencia sanitaria, pero siempre en el marco de lo previsto en los literales c) y d) del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.
De conformidad con lo señalado en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo, plantea la posibilidad de que los empleadores puedan otorgar vacaciones anticipadas y fijar vacaciones colectivas.
El empleador podrá conceder permisos de grave calamidad doméstica –debidamente comprobada- de conformidad con el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo.
Así mismo, a la luz del artículo 140 del Código Sustantivo de Trabajo, el empleador de manera voluntaria y generosa podrá determinar la posibilidad de pagar el salario y de liberar al trabajador de la prestación del servicio.
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Para el cumplimiento de obligaciones tributarias formales y sustanciales, los fenómenos de fuerza mayor o caso fortuito no se aplican per se en todos los casos.
Cada contribuyente, en caso de incumplimientos en la presentación de declaraciones y/o pagos tributarios deberá demostrar que las medidas tomadas o las circunstancias acaecidas con ocasión de la emergencia de salud pública y económica que esta ocasiona, generaron una imposibilidad inevitable o irresistible.
La llegada del Covid-19 a Colombia tendrá efectos importantes que trascenderán el ámbito de la salud y se reflejarán en la economía. Empresas de diferentes sectores, como el turístico y hotelero, tendrán que priorizar el manejo de sus recursos para cubrir gastos laborales, administrativos y por supuesto tributarios, en un momento en el que ven una disminución notable de sus ingresos.
Entre las medidas tomadas por las autoridades para mitigar los efectos de esta emergencia sobresale el Estado de Emergencia Económica declarado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, en la cual se establece la suspensión de pagos de dos cuotas en créditos vigentes, la apertura de líneas de crédito para garantizar pagos de nómina y la implementación anticipada del esquema de devolución del IVA para las poblaciones más vulnerables, inicialmente pensada para enero de 2021, pero que dada la coyuntura, iniciaría en abril de 2020.
En cuanto a las declaraciones tributarias de impuestos nacionales, el Gobierno expidió el Decreto 401 del 13 de marzo de 2020 para prorrogar las fechas de presentación y pago del impuesto de renta de la vigencia fiscal 2019, del IVA respecto del bimestre marzo-abril y del cuatrimestre enero-abril de 2020, únicamente para las empresas dedicadas al transporte aéreo comercial de pasajeros, los contribuyentes que prestan servicios hoteleros y los contribuyentes que tengan como actividad económica principal las actividades teatrales, de espectáculos musicales en vivo y otras de entretenimiento similares.
Por otra parte, en lo relativo a los tributos administrados por la Secretaría de Hacienda de Bogotá, únicamente se ha fijado una modificación a la fecha máxima del pago del Impuesto Predial con descuento del 10% al 4 de junio, y sin descuento al 24 de junio. Esta modificación es aplicable únicamente a los estratos 1 y 2.
En este contexto, surge la inquietud sobre qué alternativas tendrían los contribuyentes que no han sido cobijados por alguna de las medidas fiscales adoptadas y que, como efecto colateral de esta pandemia declarada por la OMS, afrontarían la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias. Lo anterior, teniendo en cuenta que la omisión se genera por una situación de emergencia económica sobreviniente e imprevisible.
En materia tributaria, el acaecimiento de la fuerza mayor o el caso fortuito como eximente de responsabilidad ha sido analizado sin hacer distinción entre uno u otro concepto y en función de la obligación objeto de incumplimiento.
Cuando se trata de obligaciones formales, el análisis ha conducido a que la imposibilidad de presentar declaraciones tributarias litográficamente —como podría suceder con las medidas de confinamiento que han adoptado diversos países por el Covid-19— no podría ser tenida en cuenta respecto de las que se presenten de forma electrónica, salvo que existiera una falla en los sistemas informáticos que así lo impidiera. Lo anterior no obsta para que el contribuyente presente la declaración al día siguiente al que ocurrió ese hecho o a su restablecimiento.
En cuanto a obligaciones sustanciales, se ha considerado que la liquidación y cobro de intereses no será procedente en los casos en que se presenten los eximentes de culpa de fuerza mayor y caso fortuito que impidieron de manera determinante cumplir con el pago oportuno de obligaciones, dado que esta situación sería una circunstancia no previsible para el contribuyente.
En uno u otro caso, para que proceda la exoneración de culpa del contribuyente y por lo tanto de la imposición de sanciones y liquidación de intereses, la Administración Tributaria deberá evaluar y aprobar de forma expresa que el incumplimiento de la obligación se encuentra plenamente justificado en una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito.
En este contexto, si bien el Covid-19 podría ser calificado como una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito para el cumplimiento de obligaciones tributarias formales y sustanciales, estas dos figuras no se aplican per se en todos los casos.
En caso de incumplimientos en la presentación de declaraciones y/o pagos tributarios, cada contribuyente deberá demostrar que las medidas tomadas o las circunstancias acaecidas en virtud de la emergencia de salud pública y económica que esta ocasiona, generaron una imposibilidad inevitable o irresistible.
Por lo anterior, se resalta que aun cuando por el Covid-19 se deban priorizar ciertos gastos frente a los pagos tributarios, los contribuyentes sí serían objeto de sanciones e intereses salvo que: (i) lograran demostrar que su incumplimiento se encuentra justificado por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor; o (ii) que el Gobierno Nacional adoptara medidas específicas que les beneficien. En el entretanto, no se deberían pasar por alto, al menos, la presentación de las declaraciones con el fin de evitar sanciones y, una vez superada la emergencia, proceder con su pago. En este punto merecen especial atención las declaraciones de retención en la fuente para que no se entiendan como no presentadas.
Mediante Resolución 000022 expedida el día de hoy, la DIAN decidió suspender entre el 19 de marzo y el 3 de abril de 2020, los términos en los procesos y actuaciones administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria, por motivos de salubridad pública y como una medida preventiva y de contención ante el avance del COVID-19 (Coronavirus).
La suspensión de los términos, según la citada resolución, se dispuso de la siguiente forma:
En materia aduanera, la suspensión incluye: i) Plazos de autorizaciones o habilitaciones, ii) Respuesta a requerimientos ordinarios de información, iii) Plazos internos para hacer visitas, iv) Tránsitos, almacenamiento y transporte multimodal, v) Plazos para reimportar las mercancías exportadas temporalmente, vi) Plazos para importar menajes, y vii) Plazos para presentar entregas urgentes.
En cuanto a los términos establecidos para la gestión interna de solicitudes y denuncias por el Servicio Informático Electrónico (SIE) de PQRS, también quedan suspendidos del 19 de marzo al 3 de abril. Dicha suspensión incluye los plazos para decidir las solicitudes especiales del Registro Único Tributario (RUT), y en general, las peticiones ingresadas a través del Servicio Informático Electrónico (SIE) pendientes de gestionar.
Como consecuencia de la suspensión de términos ordenada por la DIAN, y durante el mismo tiempo, no habrá atención al público en las dependencias de las direcciones Seccionales de Impuestos, de Aduanas y de Impuestos y Aduanas, Delegadas y del Nivel Central.
Se espera que antes del vencimiento del plazo de suspensión establecido en su resolución, la DIAN informe sobre la continuidad de la medida
Las entidades financieras deberán evaluar caso a caso las mejores condiciones que permitan darle viabilidad financiera a los deudores.
El pasado 13 de marzo, la DIAN emitió el Comunicado de Prensa No. 18 por medio del cual atiende los lineamientos del Gobierno Nacional en relación con el Coronavirus (COVID-19) y establece las siguientes medidas preventivas en favor de los contribuyentes:
1. A partir de la fecha, están a su disposición los servicios virtuales que evitan el desplazamiento y asistencia a las instalaciones de la entidad, dentro de los cuales se encuentran:
I) Chat: Ingresando por el portal usted puede contactarse con un agente que le atenderá las consultas tributarias, aduaneras y cambiarias, así como la orientación en el uso de los servicio en línea.
II) Red Nacional de Quioscos de Autogestión: Esta es una herramienta que le permite al usuario agendar una cita, actualizar y obtener copia del RUT, recuperar la contraseña de ingreso a los servicios en línea, habilitar cuenta de usuario, autorizar, habilitar e inhabilitar numeración de facturación, consultar los recibos de pago - Formato DIAN 490, la obligación financiera, la Información reportada por terceros (Información, exógena), crear solicitud especial con la firma electrónica, renovar instrumento de firma electrónica, verificar correos DIAN y consultar el calendario tributario.
Los quioscos fueron instalados en sitios estratégicos como centros comerciales, cámaras de comercio y universidades. Allí los ciudadanos contarán con el acompañamiento de un agente de servicio que le guiará en la realización del trámite.
III) Asistencia telefónica disponible de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. a través de la línea de información general (571) 3556922, y la línea de información aduanera (571) 3556924.
En este enlace podrán encontrar la ruta que conecta a los referidos servicios virtuales.
2. El acceso a las instalaciones de la entidad y la atención de trámites y servicios en ventanilla se hará de manera exclusiva para contribuyentes con cita o vencimientos tributarios que tengan dificultad para el cumplimiento de los mismos.
Sandra Lizcano, experta en derecho urbanístico e inmobiliario y socia de PGP, durante la conferencia "Seguridad jurídica como motor de desarrollo en las ciudades", que se llevó a cabo en Pereira, en el marco de la Asamblea Regional de Afiliados de Camacol, Regional Risaralda.
Juan Manuel González, experto en derecho urbanístico e inmobiliario y socio de PGP, durante la conferencia "Seguridad jurídica como motor de desarrollo en las ciudades", que se llevó a cabo ayer en Valledupar, en el marco de la VI Asamblea Regional de Afiliados de Camacol, Regional Cesar. Fotos: Cortesía Camacol Cesar.
Juan Manuel González, socio de PGP, participó en la Asamblea de Camacol Meta, realizada el pasado miércoles en Villavicencio, con la conferencia "Seguridad jurídica como motor de bienestar en las ciudades".
@ChambersGuides destaca el liderazgo de PGP por su participación en la estructuración de cuatro importantes planes parciales para el desarrollo urbanístico y ambiental en Bogotá. Acá puede leer la noticia completa.
Esta mañana tuvo lugar nuestro desayuno informativo sobre los cambios que introduce la Ley de Crecimiento Económico a la pasada Ley de Financiamiento. La presentación estuvo a cargo de nuestro equipo de derecho tributario:
Las principales modificaciones tratadas en el desayuno fueron las siguientes:
Para solicitar información sobre nuestros servicios tributarios, comuníquese al teléfono +57 (1) 210 1000 o escríbanos a través de nuestro formulario de contacto.
Latin Lawyer y el Centro Cyrus R Vance para la Justicia Internacional, a través de su encuesta anual sobre el trabajo pro bono, siguen el progreso que los bufetes de abogados están haciendo para animar a sus abogados a hacer trabajo voluntario y por el interés público. En esta ocasión, destacan el trabajo pro bono de nuestra firma otorgándonos el reconocimiento Leading Lights.
"Según sondeo realizado por Asuntos Legales, PGP Abogados fue la firma que más socios agregó en 2019". Lea la noticia completa siguiendo este enlace.
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Lina María Ospina y Alejandra Ortiz en #Capacitación a #directivos y líderes del grupo Amarey: "Aspectos claves en #derechoLaboral que deben ser tenidos en cuenta".
Luis Felipe Orozco González, abogado junior de PGP, ha sido preseleccionado por la Corporación Excelencia en la Justicia en la Categoría de Mejor Investigación Académica en Derecho, por su tesis de grado “Análisis Económico del Arancel de Aduana”. Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2019 en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio, en el marco de la Cumbre del sector Judicial.
Consulte acá las memorias del evento Foro Económico Nacional y Seminario de Actividad Edificadora: Perspectivas y Ordenamiento para el Futuro de las Ciudades.
Pinilla González & Prieto fue incluida en la más reciente edición del directorio Latin Lawyer National, que destacó el liderazgo de la Firma en las áreas de derecho inmobiliario y derecho corporativo y societario. Los socios Juan Manuel González y Rodrigo Prieto fueron reconocidos por su participación en negocios como el esquema fiduciario de Ciudad Lagos de Torca, entre otros.
El 11 de octubre de 2019, Ángela Caicedo y Sandra Lizcano hablarán sobre las modificaciones al POT de Bogotá. Será un repaso general sobre lo que cambia con esta nueva norma. Será un desayuno con cupos limitados que tendrá lugar en el auditorio de Pinilla, González & Prieto Abogados.
Contáctenos para obtener asesoría legal de nuestra área de servicios urbanísticos e inmobiliarios.
Julián Rojas, socio del área de derecho corporativo de PGP, publicó el artículo "Gobierno corporativo: Colombia y el proceso de adopción de estándares internacionales" (p. 55), incluido en la cartilla "Reflexiones sobre los impactos para los comerciantes y empresarios del país tras el ingreso de Colombia a la OCDE", editada por la Cámara de Comercio de Medellín.
Julián Rojas, socio del área de derecho corporativo de PGP, asistirá el próximo 25 de septiembre a la presentación de la cartilla "Reflexiones sobre los impactos para los comerciantes y empresarios del país tras el ingreso de Colombia a la OCDE". Julián hará comentarios a su artículo "Gobierno corporativo: Colombia y el proceso de adopción de estándares internacionales", incluido en esta publicación (p. 55). El evento se realizará en la sede de la Cámara de Comercio de Medellín a las 9 a.m.
Julián Rojas, socio del área de derecho corporativo de PGP, publicó el artículo "Gobierno corporativo: Colombia y el proceso de adopción de estándares internacionales" (p. 55), incluido en la cartilla "Reflexiones sobre los impactos para los comerciantes y empresarios del país tras el ingreso de Colombia a la OCDE", editada por la Cámara de Comercio de Medellín.
PGP estuvo presente en el pasado Congreso Colombiano de la Construcción, organizado por Camacol en Cartagena, del 28 al 30 de agosto de 2019. El evento contó con una nutrida asistencia y abordó temas como vivienda y agua, planificación urbana, crecimiento del sector constructor y la visión sectorial para las regiones colombianas.
El pasado 21 de mayo, Juan Manuel González, socio de PGP Abogados, habló en los Conversatorios de Camacol B&C sobre el régimen de transición establecido en el POMCA del río Bogotá (Resolución 957 de 2019). ¿Cómo se aplicará el régimen de transición en los proyectos inmobiliarios? ¿Qué prevé la norma respecto de las licencias ya adquiridas? ¿Cómo afecta el POMCA los planes de ordenamientos territorial?
El abogado dio respuesta a estas y otras preguntas que inquietan a las administraciones municipales y a los privados con intereses en el área afectada por la resolución.
Para más información, consulte nuestros servicios urbanísticos e inmobiliarios
Tomado de Asuntos Legales, La República.
Alexis Posso - aposso@larepublica.com.coLunes, 20 de mayo de 2019
Cuenta con una especialización en derecho financiero y bursátil de la Universidad Externado de Colombia y un master en Tributación
La abogada María Helena Padilla es la nueva socia de Pinilla González & Prieto y liderará la práctica de Impuestos de esta firma, en reemplazo de Camilo Caycedo Tribín. Padilla es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en derecho tributario de la misma institución.
Cuenta con una especialización en derecho financiero y bursátil de la Universidad Externado de Colombia y un master en Tributación y Asesoría Fiscal del Centro de Estudios Financieros de Madrid, España.
Por su experiencia de casi veinte años en los sectores público y privado, posee amplio conocimiento de temas como planeación fiscal, consultoría, litigio y cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes a todo nivel.
A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como gerente de impuestos de Directv en Colombia, Ecuador y Venezuela; coordinadora senior de impuestos en Claro Colombia; abogada asociada-senior de la firma Cañón & Cañón y abogada en Wincor Nixdorf; gerente de impuestos en Amézquita & Cía S.A. Fue directora de impuestos del Instituto de Seguros Sociales.
En #Conversatoriosbyc, Juan Manuel González, socio de @PGPlegal explica el Régimen de Transición establecido en la resolución N° 957 de 2019 y su aplicación en cada una de las etapas que cursan tanto los proyectos inmobiliarios como los POT.
— Twitter de Camacol B&C
La abogada María Helena Padilla es la nueva socia de Pinilla González & Prieto y liderará la práctica de Impuestos de esta firma, en reemplazo de Camilo Caycedo Tribín. Padilla es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en derecho tributario de la misma institución. Cuenta con una especialización en derecho financiero y bursátil de la Universidad Externado de Colombia y un master en tributación y asesoría fiscal del Centro de Estudios Financieros de Madrid, España. Por su experiencia de casi veinte años en los sectores público y privado, posee amplio conocimiento en temas como planeación fiscal, consultoría, litigio y cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes a todo nivel.
A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como gerente de impuestos de Directv Colombia Ltda en Colombia, Ecuador y Venezuela; coordinadora senior de impuestos en Claro Colombia; abogada asociada-senior de la firma Cañón & Cañón Abogados; abogada consultora en Wincor Nixdorf; gerente de impuestos en Amézquita & Cía S.A.; directora de impuestos del Instituto de Seguros Sociales; y asesora de la auditoría fiscal en la Auditoría General de la República, entre otros cargos.
El directorio internacional Leaders League 2019 otorgó a Pinilla, González & Prieto el reconocimiento de “Despacho de Calidad” en los siguientes rankings:
El jueves, 7 de marzo de 2019, el equipo del departamento de Derecho Tributario de PGP Abogados presentará el último desayuno informativo sobre la Ley de Financiamiento. En este caso se tratará de los incentivos para la reactivación económica y la generación de inversión.
Jueves, 7 de marzo 2019
7 a 9 a.m. Auditorio de PGP
Av. Calle 72 # 6-30 Piso 14
Bogotá D. C.
El jueves, 7 de febrero de 2019, el equipo del departamento de Derecho Tributario de PGP Abogados presentará el siguiente desayuno informativo sobre la Ley de Financiamiento, en este caso se tratará de los principales aspectos que impactan a las personas naturales.
Jueves, 7 de febrero 2019
7 a 10 a.m. Auditorio de PGP
Av. Calle 72 # 6-30 Piso 14
Bogotá D. C.
El 1 de febrero de 2019, el equipo del departamento de Derecho Tributario de PGP Abogados hará una nueva presentación del desayuno informativo sobre los principales aspectos de la Ley de Financiamiento que impactan el sector de la construcción.
Temática:
Lugar y hora:
Jueves, enero 24, 2018
7 a 9 a.m. Auditorio de PGP
Av. Calle 72 # 6-30 Piso 14
Bogotá D. C.
En su boletín de diciembre de 2018, Best Lawyers publicó su reconocimiento a las "Firmas del año" de Colombia. Pinilla, González & Prieto fue destacada como la mejor firma del año en el área de derecho inmobiliario (real estate). A nivel individual, destacó el trabajo de Juan Manuel González en la misma área y el de Felipe Pinilla tanto en el área de inmobiliario como en la de litigio.
Puede consultar en ranking de Best Lawyers en su página web.
Lagos de Torca ya está en marcha y a buen paso. Al mes de octubre de 2018, el fideicomiso constituido en enero (cuya estructuración desarrollamos en Pinilla, González & Prieto) ya cuenta con activos por 1100 millones de pesos y garantías de recursos por más de 400 mil millones.
Como lo afirma este artículo de Lexlatin, el proyecto es un modelo de desarrollo urbanístico revolucionario, pues no acude a los mecanismos tradicionales de financiación según los cuales el Distrito tendría que "proveer la totalidad de los recursos para la compra de la tierra y la ejecución de las obras" sino que, a cambio del desarrollo inmobiliario de la zona, los particulares asumirán estos costos. Es un modelo revolucionario en el que todos ganan.
Si quiere conocer más detalles sobre el proyecto, visite pgplegal.com/lagosdetorca
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Con la charla titulada “Las nuevas directrices del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y Superintendencia de Notariado y Registro”, a cargo de Martha Rico, PGP inició su participación en las jornadas de fidelización con Legis. En su presentación, Martha Rico abordó las recientes reglamentaciones expedidas por el IGCA (Resolución 1732 de 2018) y por la Superintendencia de Notariado y Registro (Instrucciones administrativas No. 07 y 18 de 2018). Martha es socia de PGP del área de servicios Urbanísticos e inmobiliarios.
La próxima charla programada tendrá lugar el 1.ro de noviembre y estará a cargo de Camilo Caycedo Tribín, socio del área de Impuestos, tasas y contribuciones. El tema de su charla será “Principales problemas de tributación de las entidades territoriales”.
Las inscripciones para este evento deben hacerse únicamente a través de Legis.
Comunicarse con Karen Julied Rodríguez
Correo electrónico karen.rodriguez@legis.com.co
Teléfono 4255255 Ext. 1169
El ingreso es gratuito hasta completar aforo
Felipe Pinilla, en entrevista para la W Radio (escúchela acá), presenta los argumentos de por qué es legítimo el proyecto Aquarela. Al calor de la polémica, el exministro de Vivienda, Camilo Sánchez, hizo afirmaciones de las que tuvo que retractarse el pasado lunes, 2 de octubre, en una audiencia conciliatoria citada por la Fiscalía General de la Nación. El exministro había afirmado que las licencias de Aquarela se habían otorgado "haciendo trampa". Se demostró que la afirmación era falsa.
Chambers & Partners Latin America 2019 ha ratificado el reconocimiento a Pinilla, González & Prieto entre los mejores abogados y bufetes del país. El área de derecho inmobiliario se vuelve a destacar como la número 1 en el mercado legal colombiano. Su director, Juan Manuel González Garavito, fue destacado por los clientes y conserva su liderazgo en esta especialidad al ser incluido en banda 1.
Por su parte, Camilo Caycedo, líder del área de impuestos, tasas y contribuciones, fue reconocido en banda 4 como parte de los abogados líderes en el campo tributarista. Y Ángela María Caicedo, también del equipo de inmobiliario, en esta oportunidad se distinguió en la categoría de “Up and Coming” como una profesional prometedora.
Puede consultar nuestro perfil y ver estos resultados en la página de Chambers & Partners.
Desde el 5 de septiembre se encuentra disponible la versión online de la publicación The Legal 500 Latin America 2018. En esta ocasión el directorio reconoció a Pinilla, González & Prieto dentro de las firmas que prestan los mejores servicios jurídicos en Colombia. En los resultados de la investigación se destacaron las áreas de Corporativo y Medio Ambiente en banda 4, Litigios y Tributario en banda 3 y Bienes Raíces en banda 1. Así pues, PGP continúa siendo reconocida como la mejor firma del país en la especialidad de derecho inmobiliario.
Legal 500 recomendó a tres miembros del equipo de inmobiliario: a Juan Manuel González y Felipe Pinilla como "líderes en el área" y a Angela Caicedo, elegida para la categoría “next generation lawyer”.
Para Natalia Núñez, asociada de PGP, “hay preocupación por la real capacidad técnica de Corporinoquia para asumir todo lo que viene de Cormacarena y creo que ese sería un gran retroceso para la región”. Lea la noticia completa en Portafolio.co.
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Se publicó en la República el artículo Habilidades blandas son clave para convertirse en socio de un bufete. Allí se destaca la importancia de que los abogados de las firmas, además de su conocimiento y habilidades propias del ejercicio legal, cuenten también con aptitudes y valores que aseguren el buen desarrollo de las relaciones interpersonales. Rodrigo Prieto, socio fundador de PGP, afirma en este artículo: «además de sus condiciones profesionales como la experiencia y los reconocimientos, para nosotros en PGP es fundamental la parte humana del futuro socio: su compromiso y liderazgo con la firma. También es muy importante la capacidad de generar nuevos negocios».
En un artículo de La República (Conozca los abogados y firmas líderes en el área ambiental) se destaca el trabajo de Natalia Núñez como una de los abogados líderes de Colombia en temas ambientales. Celebramos este reconocimiento a Natalia, directora del área de Medio Ambiente y Servicios Públicos de Pinilla, González & Prieto.
Juan Manuel González, socio de PGP Abogados, participó hoy en calidad de moderador en el panel titulado “Seguridad Jurídica, bases en la construcción de un país”, que hizo parte de la agenda académica del Congreso Colombiano de la Construcción 2018. En la charla, intervinieron además Alejandro Linares Cantillo, presidente de la Corte Constitucional, Germán Bula Escobar, presidente del Consejo de Estado, y Fernando Cepeda Ulloa, exministro y analista político.
Como antesala a las intervenciones de los panelistas, Juan Manuel González hizo una introducción sobre los tres pilares fundamentales para el sector de la construcción en materia de seguridad jurídica: la acción urbanística, que comprende las potestades legales que permiten la expedición de normas, instrumentos y planes de ordenamiento del territorio; las licencias ambientales, entendidas como aquellos actos administrativos que autorizan, previo cumplimiento de requisitos, los desarrollos y usos del suelo; y el control urbano, que permite, como su nombre lo indica, verificar y controlar el alcance de las licencias otorgadas con el fin de prevenir, evitar o sancionar cualquier irregularidad.
González también expresó preocupación por los fenómenos que han estado afectado la seguridad jurídica del sector constructor representada en estos tres pilares: en cuanto al primero, la acción urbanística, se percibe una creciente desarticulación de los municipios en la concepción y modificación de los POT, muchas veces afectados por razones políticas que desconocen derechos adquiridos; en cuanto al segundo pilar, señaló que las licencias, actos legítimos expedidos por las autoridades con vocación de perdurar en el tiempo y de garantizar seguridad jurídica, están siendo atacados legalmente; mientras que en relación con el tercer pilar, se están presentando casos en los que las licencias son objeto del control de legalidad exclusivo del ámbito judicial.
Pinilla, González & Prieto ha sido destacada por la revista La Nota Económica dentro de las 73 firmas de abogados líderes en Colombia.
El pasado 23 de mayo, La Nota dio a conocer su ranking especializado en servicios legales, que su vez se basa en un informe sobre ventas y crecimiento de las principales firmas colombianas entre 2013 y 2017. En este ejercicio PGP fue destacada por el dinamismo y éxito en sus transacciones junto a otras firmas líderes. Lea la nota completa en este enlace.
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Los días 16 y 18 de mayo, Germán Camargo Ponce de León, presentará en el auditorio de PGP la conferencia Aspectos ambientales del urbanismo. Germán es biólogo de la Universidad Javeriana, especialista en gestión ambiental de la Universidad Piloto e investigador de la Universidad de New York. Durante más de 20 años ha prestado servicios como consultor en temas ambientales, planificación territorial, gestión urbana, restauración de ecosistemas, hidrocarburos y minería, entre otros.
Miércoles 16 de mayo: 2 a 6 p.m.
Viernes 18 de mayo: 9 a.m. a 1 p.m.
Lugar: Auditorio PGP piso 14
Av. Calle 72 # 6 - 30
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Juan Manuel González, socio y director del área de servicios Urbanísticos e Inmobiliarios, y la asociada Mónica Rodríguez realizaron una jornada de capacitación con funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, curadores urbanos y el Instituto Agustín Codazzi en la ciudad de Cartagena el pasado viernes 20 de abril. El evento también contó con la participación de notarios y constructores de esa ciudad. El tema central fue el otorgamiento de licencias urbanísticas y su efecto en el registro de instrumentos públicos.
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En una publicación de Juan Manuel González se definió el proyecto de Lagos de Torca como una "revolución urbanística y ambiental" para el desarrollo de la Capital. En este desayuno informativo, Julián Rojas, socio de PGP Abogados, compartió con los asistentes los avances del proyecto, su estado al 2 de marzo de 2018, y la manera como los propietarios de tierras y demás personas del sector privado podían participar en este macroproyecto, también conocido como el POZ Norte (Plan de ordenamiento zonal del norte de Bogotá).
Ésta fue la 5.ta Asamblea Ordinaria Regional del Meta de Camacol. El tema central se discutió en el foro "Estabilidad jurídica y riesgos del sector". Pinilla, González & Prieto participó con la presentación "Estabilidad Jurídica" a cargo de Juan Manuel González, socio fundador de PGP. Sandra Forero (presidente nacional de Camacol) y Rodolfo Orlando Beltran (director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) presentaron, respectivamente, las ponencias "Balances del sector y visión 2018-2022" y "Perspectivas de la política de vivienda en Colombia".
El evento tuvo lugar el pasado 14 de marzo (2018) en Villavicencio, Meta. Las diapositivas de su presentación se encuentran en el sitio oficial de Camacol Meta. Puede acceder a ellas haciendo clic acá.
El pasado 13 de marzo se llevó a cabo la 52.da Asamblea Anual de Afiliados de Camacol (Bogotá y Cundinamarca), “Construcción de edificaciones, mayor productividad, menores riesgos”, que convocó al gremio de la construcción y a sus dirigentes.
El evento contó con la participación del Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quienes expusieron sus puntos de vista en el panel “Desafíos habitacionales y desafío urbano en la región”. También intervino el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez. Asimismo, se llevó a cabo un debate entre los candidatos presidenciales Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, e Iván Duque, del Centro Democrático, quienes presentaron sus propuestas en materia de vivienda.
PGP hizo presencia en este importante evento, ampliamente destacado por la prensa nacional.
Con inmenso orgullo, y después de haber contribuido al desarrollo de importantes proyectos urbanísticos y ambientales como Ciudad Verde, que han redundado en una mejor calidad de vida para los habitantes de Soacha, PGP Abogados celebra la firma del contrato de fiducia que da vida a Ciudad Lagos de Torca. Durante el último año, hemos trabajado para articular los intereses del sector privado y la administración distrital en torno al desarrollo del Plan Zonal del Norte (POZ Norte) que, de un lado, recuperará y ampliará importantes corredores ambientales, y por el otro, mejorará notablemente la oferta de vivienda, así como la construcción de vías, parques y equipamientos en esta zona de la capital.
Como lo hemos hecho desde el momento en que fuimos invitados a participar en las primeras jornadas de socialización de este megaproyecto de ciudad, seguiremos aportando todo nuestro conocimiento y experiencia para que la estructuración de este vehículo fiduciario vincule a la mayor cantidad posible de propietarios de tierra y haga realidad el sueño de una pieza de ciudad con los estándares de infraestructura y disfrute del medio ambiente como la que hoy se pone en marcha.
Legal 500 es uno de los directorios de abogados más importantes del mundo. Una vez más, en su edición Legal 500 Latin America 2017, Pinilla, González & Prieto Abogados ha destacado por ser líder en el área de derecho urbanístico e inmobiliario, reconocida como Top tier firm. E igualmente, la publicación resalta el trabajo de otras cuatro áreas de práctica: corporativo y M&A; solución de controversias y litigios; impuestos; y medioambiente.
En cuanto a nuestros abogados, los nombres de Felipe Pinilla y Juan Manuel González, socios fundadores de PGP, son incluidos dentro de la lista de Leading lawyers, junto con Ángela Caicedo, en Next generation lawyer, todos ellos en el área de derecho urbanístico e inmobiliario. Por otra parte, el trabajo de Camilo Baracaldo en solución de controversias y litigios; y de Camilo Caycedo en impuestos, también fue reconocido y recomendado en esta publicación.
Para más información puede consultar el perfil de PGP en la página oficial de Legal 500.
Le damos la bienvenida a Natalia Núñez Vélez, experta en temas ambientales, energéticos, de minería, petróleo y gas, servicios públicos, biocombustibles e infraestructura. Ella tiene una larga experiencia en el sector real como Asociada Senior en Posse Herrrera Ruiz Abogados, Grupo Manuelita, Grupo Argos, Cementos Paz del Río y Metroconcreto.
A su vez, nos permitimos informar que Claudia Mora Pineda se retira de nuestra firma a partir del 1 de septiembre con el fin de emprender su práctica profesional de manera independiente. Le agradecemos a Claudia todos los años de servicio en PGP. Ella, con su esfuerzo e impulso, se posicionó el departamento de Derecho Ambiental en la Firma. Le deseamos los mejores éxitos en su nueva etapa profesional.
